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COMODORO RIVADAVIA | El caso guarda similitudes escalofriantes con el de Lucio Dupuy: advertencias ignoradas, denuncias por violencia y una Jueza que priorizó el vínculo biológico materno por sobre la seguridad física del menor, sin tomar los recaudos que el niño de 4 años merecía y debía recibir. La madre se había ido más de tres años atrás con una nueva pareja dejando al niño con su padre, a fines de noviembre reapareció en escena pidiendo judicialmente una tenencia compartida. Ignorando todo esto, la jueza rápidamente y sin haber siquiera visitado el nuevo domicilio donde iría el niño otorgó la tenencia alegremente a la mujer.
Hasta fines de 2025, Ángel vivía en un entorno descrito como estable junto a su padre y la pareja de este. Sin embargo, el 4 de noviembre, en una decisión que hoy resulta incomprensible, la Justicia dispuso la restitución del niño a su madre biológica. Esta medida se tomó a pesar de que el entorno paterno presentó pruebas contundentes: testimonios, fotografías de agresiones previas y el propio testimonio del niño, quien manifestaba su deseo de no regresar con su madre.
La Defensoría y los equipos técnicos, los mismos que deben actuar como escudo protector, validaron el traslado. Cinco meses después, el resultado de esa ceguera burocrática fue el peor: el cuerpo de Ángel no resistió más y murió en la cama de terapia intensiva. De acuerdo a los testimonios de la familia materna, y de mamás de compañeritos de jardín referían verlo "al niño mal vestido, sucio y flaquito", incluso alguna le compró alfajores y otras cosas para que se alimentara.
El pasado domingo de Pascua, la madre trasladó al niño a un hospital local en medio de un paro cardiorrespiratorio. Con una frialdad que estremece, dejó al niño en la guardia y se retiró, alegando simplemente que "se había acostado a dormir y no despertó".
Tras horas de intentos de reanimación, Ángel falleció. Pero la verdad no tardó en salir a la luz: la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes. No fue una muerte natural; fue una golpiza. Hoy, la madre y su pareja (padrastro del niño) están bajo una investigación que promete detenciones inminentes, mientras los investigadores rastrillan el hogar donde Ángel debió ser amado y terminó siendo asesinado.
Testigos vecinos de la vivienda aseguraron que la mujer luego de la muerte del pequeño quemó "cosas" en el fondo de la vivienda. Hasta el momento se desconoce si esas acciones tienen relación con la causa, pero no se descarta haya buscado destruir pruebas. Por el momento ambos permanecen en libertad, si se les han secuestrado los teléfonos celulares.
Este caso deja al desnudo el fracaso estrepitoso de los mecanismos de prevención:
La Justicia de Familia: Que desoyó las alertas de violencia y las pruebas fotográficas aportadas por el padre.
Servicio de Protección al Menor: Cuya intervención técnica falló en detectar el riesgo inminente en el hogar materno.
La muerte de Ángel no es solo un hecho policial; es un síntoma de un sistema que parece no haber aprendido nada del caso Lucio. Las denuncias existieron, las advertencias fueron claras y el material probatorio estaba sobre la mesa. La Justicia le dio la tenencia a quien terminó siendo su verdugo, y el Estado, una vez más, llegó tarde.
