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NACIONALES | En la Semana Santa de 1987, la Argentina vivió uno de los episodios más complejos de su transición democrática. El 16 de abril se inició el primer movimiento "carapintada", una acción encabezada por oficiales jóvenes y mandos medios que buscaban visibilizar una postura que, hasta entonces, no encontraba cauce en la cúpula militar ni en el poder político: la necesidad de un tratamiento diferenciado para quienes habían cumplido órdenes durante la década anterior.
El conflicto estalló cuando el mayor Ernesto Barreiro se amparó en la lealtad hacia sus subordinados y se negó a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba. La situación derivó rápidamente en el acuartelamiento de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, bajo el liderazgo del teniente coronel Aldo Rico.
A diferencia de los golpes de Estado tradicionales, los protagonistas de este levantamiento no buscaban interrumpir el orden constitucional ni derrocar al presidente Raúl Alfonsín. Su reclamo se centraba en lo que denominaban el "debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad".
Los oficiales movilizados sostenían que, mientras las juntas militares ya habían sido juzgadas y condenadas, la justicia continuaba avanzando sobre los rangos inferiores. Para los "carapintadas", se estaba juzgando a quienes habían operado en el terreno bajo un estricto sistema de subordinación, lo que generaba un clima de incertidumbre y desprotección dentro de las filas del Ejército.
El Domingo de Pascuas, en un acto de gran valentía política y sensibilidad institucional, el presidente Alfonsín decidió trasladarse personalmente a Campo de Mayo para dialogar con los amotinados. Este encuentro permitió desactivar un conflicto que amenazaba con un enfrentamiento entre argentinos, priorizando la paz social.
Al regresar a la Casa Rosada, Alfonsín pronunció su histórico mensaje: "La casa está en orden". Con este gesto, el mandatario no solo calmó a la multitud movilizada en Plaza de Mayo, sino que también reconoció implícitamente que los reclamos del sector militar debían ser atendidos dentro del marco de la ley para garantizar la estabilidad del país.
El resultado político de este acercamiento fue la sanción, en junio de 1987, de la Ley de Obediencia Debida. Esta norma buscó pacificar definitivamente a las Fuerzas Armadas, reconociendo legalmente que muchos de sus integrantes habían actuado bajo coerción o subordinación, cumpliendo las directivas de sus mandos superiores.
A 39 años de aquellos hechos, la efeméride permite reflexionar sobre las dificultades de la reconstrucción institucional y el esfuerzo que significó para todos los sectores —civiles y militares— encontrar un equilibrio que permitiera consolidar la democracia en un contexto de profundas heridas abiertas.
