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LA PAMPA | Tras más de 35 años de explotación —actualmente a cargo de la UTE conformada por PCR y Pampetrol—, la legisladora remarcó que el proceso se encuentra en una fase definitoria. Según información oficial recibida el pasado 7 de abril, el Informe Final Ambiental aún no ha sido aprobado, lo que significa que el plan de remediación y saneamiento de pasivos todavía no está validado.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la exigencia de instancias de participación ciudadana, incluida la posibilidad de una audiencia pública, antes de que se apruebe el plan de remediación. Cuadrado sostiene que, aunque la ley provincial no lo detalle para el cierre de actividades, tratados superiores como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú garantizan este derecho.
"Resulta imprescindible conocer con precisión el estado de los pasivos ambientales existentes y el alcance del plan de saneamiento", señaló la legisladora, subrayando que la sociedad debe ser parte del proceso de control de los recursos naturales.
En materia laboral, el proyecto insta al Gobierno Provincial a hacer cumplir de manera efectiva el cupo mínimo del 80% de mano de obra y servicios de origen pampeano. Cuadrado enfatizó que las tareas de remediación, saneamiento y gestión de residuos deben ser una oportunidad prioritaria para los trabajadores y las pymes locales.
Además, la diputada propuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control dentro de la Cámara de Diputados. Esta comisión tendría la tarea de monitorear no solo el impacto ambiental, sino también las inversiones y el flujo de regalías que genera la actividad hidrocarburífera.
Para finalizar, la legisladora realizó un pedido de acceso a la información pública para auditar cómo se está fiscalizando actualmente el cumplimiento de la mano de obra local. "No se trata solo de una definición operativa, sino de garantizar transparencia en la gestión de nuestros recursos", concluyó.
