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LA PAMPA | Ante la escalada de estos casos, que ya afectaron a localidades como Realicó, Parera y Rancul, el Gobierno provincial tomó la decisión política de presentarse como querellante en las causas penales.
La medida, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, busca enviar un mensaje contundente: estos hechos, lejos de ser "bromas", tienen consecuencias legales y sociales reales.
La investigación en Victorica se inició tras la denuncia de la directora de un colegio secundario local, quien detectó en uno de los baños la frase: “tiroteo están avisados”, escrita con un marcador de color violáceo.
Personal de la Comisaría Departamental, bajo las órdenes de Edgardo Díaz Correa, realizó pericias fuera del horario escolar. El hallazgo de garabatos con características similares en un banco de un aula de primer año permitió orientar la sospecha hacia un grupo de alumnos de entre 12 y 13 años.
Como resultado de las averiguaciones, el fiscal Nicolás Rojo (IV Circunscripción) ordenó un allanamiento en un domicilio vinculado a los progenitores de los menores involucrados. El objetivo del procedimiento fue el secuestro de elementos de escritura que coincidan con la tinta utilizada y dispositivos electrónicos que permitan determinar si el hecho está ligado a desafíos virales.
Victorica se suma a una lista de localidades en alerta. En General Pico, la situación alcanzó su punto máximo en el Colegio República del Salvador, donde un alumno de 13 años manipuló una munición, obligando a suspender las clases. Casos similares de mensajes en baños se han reportado en 25 de Mayo, General Acha, Realicó, Parera, Santa Rosa y Rancul.
Desde el Ejecutivo Provincial sostienen que estas conductas activan protocolos de emergencia de alto costo operativo y generan un clima de miedo que afecta el bienestar de niños y adolescentes.
Un fenómeno atravesado por las redes
Desde el Gobierno advierten que muchos de estos hechos están vinculados a desafíos virales que circulan en redes sociales, donde adolescentes replican conductas sin dimensionar sus consecuencias reales. Lo que para algunos puede parecer una “broma” o una forma de llamar la atención, en realidad activa protocolos de emergencia, genera miedo en toda la comunidad educativa y puede derivar en causas penales.
Consecuencias reales, no virtuales
Las amenazas de este tipo no son un juego. Implican la intervención del Poder Judicial, posibles imputaciones —incluso en el ámbito penal juvenil— y un impacto profundo en la vida de los propios menores y sus familias. Además, obligan a suspender clases, movilizar recursos de seguridad y generar un clima de tensión que afecta el aprendizaje.
Por eso, la decisión del Estado de constituirse como querellante también busca desalentar estas conductas, dejando en claro que habrá seguimiento y responsabilidades.
El rol clave de las familias
En este contexto, el Gobierno provincial hizo un llamado directo a madres, padres y adultos responsables: el acompañamiento es fundamental. Supervisar el uso de redes sociales, dialogar sobre los contenidos que consumen los adolescentes y explicar las consecuencias de este tipo de acciones puede marcar la diferencia.
La prevención no empieza en la escuela ni en la Justicia, sino en el hogar. Detectar cambios de conducta, expresiones de violencia o aislamiento puede ayudar a intervenir a tiempo.
Concientizar para prevenir
Las autoridades educativas, junto con áreas de Seguridad y equipos técnicos, continúan desplegando acciones de concientización en todo el territorio pampeano. El objetivo es claro: evitar que estos episodios se repitan y garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros.
El desafío, sin embargo, es colectivo. Porque detrás de cada amenaza hay un entramado social, cultural y digital que requiere atención. Y porque la seguridad en las aulas no depende solo del Estado, sino del compromiso de toda la comunidad.
