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La causa Vialidad entró en una etapa clave con el avance del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados, con el objetivo de recuperar más de $684.990 millones que la Justicia consideró perjuicio al Estado.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 activó la ejecución tras quedar firme la condena, marcando el paso de la sentencia a un impacto patrimonial concreto. El proceso incluye unos veinte inmuebles, principalmente en Santa Cruz, sobre todo en El Calafate y Río Gallegos, donde se concentró el crecimiento del patrimonio familiar.
Entre los bienes figuran propiedades emblemáticas como el hotel Los Sauces y terrenos vinculados al desarrollo del hotel Las Dunas, además de múltiples departamentos en la capital provincial asociados a operaciones con el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
La Justicia también incluyó activos que habían sido transferidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al considerar que esas cesiones no modifican el origen ilícito de los fondos ni impiden su decomiso.
Además, el fallo contempla avanzar sobre bienes de empresas vinculadas a Báez si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado.
Los bienes quedarán bajo administración de la Corte Suprema, que deberá definir su destino, ya sea mediante subastas u otras formas de reparación. Por su magnitud, se trata de uno de los decomisos más importantes en la historia judicial argentina y busca traducir las condenas por corrupción en una recuperación efectiva de recursos públicos.
