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SANTA FÉ | El ataque, que marcó un precedente sombrío en la historia de la violencia escolar en el país, se produjo cuando el joven ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego de manera indiscriminada contra sus pares. La tragedia no solo segó la vida de un adolescente, sino que dejó secuelas físicas y psicológicas en el resto de los estudiantes, docentes y en toda la comunidad de San Cristóbal, que aún intenta procesar lo sucedido.
El regreso del joven al sistema educativo no será en las condiciones habituales. Según informaron las autoridades competentes, se ha diseñado una modalidad especial de escolarización que contempla un seguimiento interdisciplinario constante. El objetivo de la medida, según fuentes oficiales, es garantizar el derecho a la educación del menor —quien por su edad se encuentra bajo un régimen tutelar específico—, mientras se mantiene un control estricto sobre su situación psicosocial.
La decisión ha generado una profunda división de opiniones. Por un lado, los equipos de profesionales sostienen que la revinculación con el aprendizaje es un paso necesario dentro de su proceso; por otro, padres y familiares de las víctimas expresan su preocupación y malestar ante lo que consideran un regreso prematuro que podría afectar el clima de seguridad en los ámbitos escolares.
El caso de San Cristóbal sigue siendo un punto de referencia en las discusiones sobre la modificación de la ley de imputabilidad y los protocolos de prevención de violencia en las escuelas argentinas. Mientras el joven retoma sus estudios bajo este esquema diferenciado, la causa judicial continúa su curso, bajo la atenta mirada de un país que exige respuestas ante el crecimiento de episodios de violencia extrema en instituciones educativas.
