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LA PAMPA | El acuerdo se selló tras un cuarto intermedio solicitado por el jefe del bloque oficialista, Daniel Lovera, quien junto a Luz Alonso lideró las negociaciones para obtener los 26 votos que finalmente avalaron la iniciativa. El eje central de la ley es evitar el "vacío operativo" ante el vencimiento de la concesión actual, garantizando que la producción no se detenga.
La ley establece que la empresa estatal Pampetrol SAPEM tomará las riendas del área a partir del 19 de junio de 2026. Lovera fue tajante al explicar los alcances de esta medida: "La intervención de Pampetrol tendrá por único objeto garantizar la continuidad operativa del área hasta la adjudicación de un nuevo operador por un plazo de ocho meses, no admitiéndose prórroga alguna bajo ninguna modalidad".
Durante este período, la firma pampeana tendrá obligaciones estrictas:
Mantenimiento: Deberá asegurar la ejecución de tareas operativas mínimas e indispensables para mitigar el declino natural del yacimiento.
Empleo: Lovera sostuvo que uno de los objetivos primordiales es "preservar las fuentes laborales directas e indirectas vinculadas a la operación y promover la contratación de proveedores locales".
Transparencia: El Ejecutivo deberá remitir informes mensuales a la Legislatura detallando la evolución operativa, económica y ambiental.
Para el nuevo proceso licitatorio, se introdujeron cambios técnicos clave en los artículos para atraer oferentes y asegurar la renta provincial. El régimen de regalías se fijó en un 15% más un factor "X" (elegido por el oferente), mientras que el bono de ingreso se tasó en 25 millones de dólares más "X".
Hipólito Altolaguirre (UCR), quien acompañó el dictamen con modificaciones, explicó la importancia de no dilatar los plazos: "Una cigüeña tarda 10 días en pararse y los oleoductos, si se quedan parados, después se tornan inutilizables. Si esa área se paraliza, el costo para nuestra provincia va a ser enorme". Además, destacó que se logró acortar el pedido inicial del Ejecutivo de 24 meses de transición a solo 8 meses: "Buscamos que no tenga un techo y que todas las empresas interesadas puedan acceder".
Desde la oposición, Laura Trapaglia (PRO) descargó críticas hacia la gestión del oficialismo: "Durante 10 años el Poder Ejecutivo no cumplió con su responsabilidad. Hay 10 años de inacción y ausencia de control estatal, particularmente en materia de remediación ambiental".
Ante esto, Daniel Lovera advirtió sobre el riesgo social de no aprobar la ley: "El impacto más grave es en lo social, ya que una interrupción de la actividad pondría en riesgo cientos y cientos de trabajos directos y pymes vinculadas a la cadena productiva. Proteger esta actividad es proteger el trabajo".
Finalmente, la ley fue aprobada con el respaldo de los bloques FreJuPa, UCR y PRO-MID, mientras que Comunidad Organizada mantuvo su rechazo. Con este marco legal, La Pampa busca dar un paso firme hacia la normalización de su principal activo hidrocarburífero bajo un esquema de mayor control y participación ciudadana.
