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AGROPECUARIAS | El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta fiscal pensada para impulsar la inversión en el sector agropecuario. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y surge de una resolución conjunta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Energía.
El régimen está orientado a empresas que califiquen como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, hasta Mediana Tramo 2 inclusive, y contempla inversiones que van desde los 150.000 hasta los 9 millones de dólares. El requisito indispensable para acceder es contar con el Certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en que se realice la primera inversión. También pueden participar entidades sin fines de lucro, siempre que tramiten su calificación correspondiente y cumplan con los parámetros de facturación establecidos.
Los beneficios que ofrece el RIMI son dos: amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para bienes muebles y obras productivas, y devolución de créditos fiscales de IVA por inversiones realizadas en el país. Toda la gestión será digital, a través del nuevo Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) implementado por ARCA, sin necesidad de trámites presenciales.
Uno de los puntos más relevantes para el sector es que determinadas inversiones estratégicas quedan exentas del monto mínimo exigido para el resto de los rubros. Concretamente, los sistemas y equipos de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y semovientes podrán acceder a los beneficios fiscales sin importar el monto involucrado, una definición que apunta directamente a dos de los mayores desafíos del campo argentino: la gestión hídrica y la protección de cultivos.
Para inversiones que no figuren en las listas estándar de bienes promovidos, la normativa exige un informe de profesional idóneo con firma certificada, que será evaluado por la Secretaría correspondiente. El acceso a los beneficios está condicionado además a no registrar deudas con el organismo recaudador, y tanto Agricultura como Energía realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de lo declarado. En caso de incumplimiento, las empresas deberán restituir los beneficios obtenidos con intereses y posibles multas.
Una herramienta concreta para que productores y empresas del agro pampeano planifiquen inversiones tecnológicas con respaldo fiscal del Estado nacional.
