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SANTA ROSA | La Justicia pampeana dio un paso más en su compromiso con la perspectiva de género. La Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial concluyó la primera etapa de la capacitación 2026 en Ley Micaela, que abarcó a la Primera Circunscripción Judicial con sede en Santa Rosa y reunió de manera presencial a 717 agentes entre magistrados, funcionarios y empleados del fuero.
Los números hablan de un esfuerzo institucional significativo: 232 magistrados y funcionarios y 485 empleados completaron la formación en distintas jornadas desarrolladas en el Centro Judicial de Santa Rosa. El primer grupo lo hizo fuera del horario laboral; el segundo, dentro. Una logística que refleja la voluntad de que nadie quede afuera de una capacitación que, vale recordarlo, es obligatoria.
La Ley Micaela —ley nacional 27.499— lleva el nombre de Micaela García, la joven asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, en 2017, a la salida de una discoteca. Su muerte conmocionó al país y derivó en la sanción de una norma que obliga a todas las personas que ejercen la función pública, en cualquiera de los tres poderes del Estado y en todos los niveles, a capacitarse en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. La Pampa adhirió a esa legislación a través de la ley provincial 3.175.
En esta edición 2026, la propuesta formativa incorporó contenidos actualizados en materia de género y tuvo como eje específico la prevención y el abordaje de la violencia laboral, una dimensión que amplía la mirada más allá del ámbito doméstico y pone el foco en las relaciones de poder que también se reproducen dentro de los propios espacios institucionales. La capacitación de la Oficina de la Mujer se vio además complementada con la presentación, por parte de la Secretaría de Recursos Humanos, del Protocolo de actuación ante situaciones de violencia laboral en el ámbito del Poder Judicial de La Pampa, aprobado por el Superior Tribunal de Justicia a través del acuerdo 20/25.
Esta formación en perspectiva de género se dicta en la Justicia pampeana desde 2020 y constituye, según el propio organismo, una herramienta fundamental para fortalecer prácticas institucionales respetuosas, promover ambientes laborales libres de violencia y consolidar una justicia más igualitaria y comprometida con los derechos humanos.
La segunda etapa ya comenzó. Los mismos talleres se están dictando actualmente en la Segunda Circunscripción, con sede en General Pico, y más tarde continuarán en General Acha, Victorica y los juzgados de paz. Para estos últimos destinatarios, la modalidad será a distancia.
