¿Se revisan los antecedentes o condenas de empleados municipales?

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, admitió graves falencias en los filtros de contratación de la comuna luego de conocerse que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. El jefe comunal asumió la máxima responsabilidad política por el quiebre de los sistemas de alerta y confirmó el desplazamiento de funcionarios de su gabinete.

La vinculación del imputado con la estructura pública generó un fuerte impacto institucional y una oleada de advertencias sobre otros agentes con causas judiciales pendientes. Según reveló el propio mandatario, la intendencia recibió más de 200 avisos referidos a trabajadores que cumplirían condenas vigentes en diversas reparticiones, lo que motivó un requerimiento masivo de datos para evaluar cada situación de manera particular.

Como respuesta directa a la crisis, el Ejecutivo local enviará un proyecto de reforma laboral al Concejo Deliberante. La iniciativa parlamentaria estipula que todos los empleados municipales presenten sus certificados de antecedentes penales cada seis meses, modificando sustancialmente la normativa actual que solo exige dicho documento cada cuatro años. Además, el texto prevé la aplicación obligatoria de test de consumo de estupefacientes para la totalidad de la planta, con un enfoque de asistencia médica y tratamiento en lugar de criterios punitivos.

Desplazamiento legislativo por los vínculos con el acusado

La conmoción social derivó también en una purga política dentro del oficialismo cordobés. La investigación sobre los antecedentes de Barrelier expuso que el sospechoso ingresó a la administración pública bajo el respaldo directo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien además ejerció como su abogado defensor en una causa previa por privación ilegítima de la libertad durante 2025.

Ante la negativa de Moreno a presentar la renuncia solicitada por el intendente, el bloque oficialista ejecutó una maniobra institucional para forzar su desplazamiento inmediato del cuerpo deliberativo.

La remoción se materializó mediante el regreso estratégico a su banca de Raúl La Cava, quien interrumpió la licencia que mantenía para ejercer funciones en el gabinete del Ejecutivo. Al reasumir su posición legislativa de manera formal ante el viceintendente Javier Pretto, La Cava provocó el cese automático del mandato transitorio que detentaba Moreno, clausurando su participación en el recinto.