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GENERAL PICO | La sentencia fue dictada por la jueza Susana Fernández, quien consideró que existió una “falta de servicio” por parte del Estado al incumplir su deber de custodia y protección de las personas privadas de la libertad.
El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2024, cuando varios internos armados con elementos punzocortantes ingresaron a una celda y atacaron a Muñoz. La víctima sufrió graves heridas y falleció cuatro días después en el hospital local.
La magistrada sostuvo que la Provincia, como responsable del establecimiento penitenciario, tenía la obligación de garantizar la integridad física y la vida de los detenidos. En ese sentido, señaló que la presencia de armas dentro del pabellón y la coordinación del ataque evidenciaron fallas en los controles, requisas y mecanismos de vigilancia.
Además, recordó que cuatro internos fueron condenados penalmente por el homicidio, aunque remarcó que la participación de terceros no exime al Estado de su responsabilidad en un ámbito bajo su custodia exclusiva.
Al fijar la indemnización, la jueza valoró el daño moral sufrido por la madre de la víctima y elevó el monto solicitado inicialmente hasta los 32 millones de pesos, suma que consideró adecuada para compensar el perjuicio ocasionado.
La sentencia también impuso las costas del proceso a la Provincia de La Pampa, que deberá afrontar además los intereses correspondientes hasta el efectivo pago.
