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Las resoluciones, emitidas el 29 de mayo, alcanzan al presidente Jonatan Gabriel Coria, la secretaria Alexia Andrea Márquez y el tesorero Matías Germán Stemphelet, quienes fueron responsabilizados por el manejo de fondos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el marco del programa INAUN (Ir Juntos).
Entre las principales observaciones, el organismo detectó pagos de sueldos y horas extras a los propios directivos de la fundación, una práctica expresamente prohibida para autoridades de entidades sin fines de lucro. Solo por este concepto se rechazaron rendiciones por más de 9,6 millones de pesos.
Las auditorías también revelaron facturas ilegibles, comprobantes incompletos, gastos sin respaldo documental, recibos sin firma de empleados, compras sin detalle de conceptos y erogaciones que no pudieron ser justificadas. Además, se observaron más de 7 millones de pesos en recibos de haberes que carecían de la firma de los beneficiarios.
Sin embargo, el aspecto más grave señalado por el Tribunal fue la falta total de rendición de varios subsidios. Según las sentencias, tres aportes de 50 millones de pesos cada uno y otros fondos por más de 63 millones fueron observados porque la fundación no presentó la documentación requerida para justificar su utilización.
Durante la investigación, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Tribunal de Cuentas enfrentaron dificultades para localizar a los responsables. En varios casos, las notificaciones fueron devueltas porque los domicilios declarados eran inexistentes o porque los directivos ya no residían allí. Finalmente, el organismo debió recurrir a la publicación de edictos para garantizar el derecho de defensa.
Las sentencias establecen un plazo de diez días para que los responsables depositen los fondos observados. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado iniciará acciones judiciales para recuperar el dinero.
Los fallos se suman a otras resoluciones conocidas durante 2026, que ya habían determinado cargos por más de 74 millones de pesos relacionados con subsidios otorgados en 2023 y 2024. En esas actuaciones también se detectaron pagos indebidos a los directivos, compras de bebidas alcohólicas con fondos públicos y múltiples inconsistencias administrativas.
Con estas nuevas resoluciones, el monto total observado por el Tribunal de Cuentas a la Fundación Cambiando Vidas supera ampliamente los 300 millones de pesos, en una de las investigaciones administrativas de mayor impacto económico registradas en los últimos años en la provincia.
