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CÓRDOBA | Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba recordaron que el legislador Oscar Agost Carreño había presentado, el pasado 4 de marzo, un proyecto elaborado junto al sector agropecuario para poner fin al cobro de tasas o cargos municipales y comunales vinculados a la intervención de los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e), que emite el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
A esa iniciativa se sumaron otros proyectos legislativos con idéntico espíritu, entre ellos uno presentado por el legislador Matías Gvozdenovich, que las entidades rurales describieron como propuestas orientadas a corregir una situación que genera malestar entre los productores ganaderos desde hace años.
Pese a esas iniciativas, la Mesa de Enlace advirtió que ninguna de las propuestas legislativas recibió hasta el momento el tratamiento que la problemática amerita. Desde el sector remarcaron que, a pesar de los reiterados planteos de productores, sociedades rurales de base, cooperativas y entidades representativas, y a pesar también de que numerosos intendentes y jefes comunales ya eliminaron este tipo de cobros por propia decisión al reconocer la legitimidad del reclamo, la Comisión de Agricultura de la Legislatura cordobesa, presidida por Mariano Ceballos Recalde, todavía no avanzó en la discusión de los proyectos presentados.
En ese marco, las entidades rurales consideraron imprescindible una decisión política que ofrezca una solución definitiva al problema, y pidieron reconocer y respaldar a los intendentes que administran con responsabilidad y transparencia, evitando cobrar tasas cuando no existe una contraprestación real para el productor.
El reclamo del campo cordobés se completó con un llamado a terminar con mecanismos recaudatorios que, según sostuvieron, trasladan costos injustificados a quienes producen e invierten en el interior provincial. "Cuando se cobra sin brindar un servicio real a cambio, se desnaturaliza el concepto mismo de tasa y se termina afectando la competitividad del sector productivo", concluyeron desde la Mesa de Enlace.
La discusión que atraviesa el campo cordobés no resulta del todo ajena a la realidad de otras provincias agropecuarias, donde distintos municipios también aplican tasas o gravámenes locales sobre el traslado de hacienda, generando reclamos similares por parte de productores que cuestionan la falta de contraprestación efectiva a cambio de esos cobros.
El debate de fondo —hasta dónde puede avanzar la presión tributaria municipal sobre la actividad ganadera sin una justificación clara en servicios concretos— es, en ese sentido, una discusión que excede los límites de Córdoba y que distintas entidades rurales del país vienen planteando con matices propios según la realidad de cada región productiva.
