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PERGAMINO | Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario sostuvieron que existe evidencia científica sobre los riesgos de habitar cerca de zonas de aplicación de agroquímicos, pero remarcaron que durante el proceso no se reunieron pruebas suficientes para atribuir el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051. Entre los absueltos se encuentran los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini, además del ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el aplicador Cristian Taboada, quienes enfrentaban acusaciones vinculadas a aplicaciones realizadas entre 2011 y 2019.
El fallo sí encontró responsabilidad penal en el accionar de dos funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, quienes fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos recibieron dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de cumplir tareas comunitarias, entre otras condiciones impuestas por el tribunal.
Según los magistrados, quedó demostrado durante el juicio que existieron reiteradas denuncias y advertencias de vecinos que no fueron debidamente atendidas, lo que derivó en una falta de controles oficiales sobre las aplicaciones de agroquímicos en la zona. Los jueces señalaron incluso que esa ausencia de fiscalización dificultó la obtención de pruebas que permitieran establecer responsabilidades penales sobre el resto de los imputados.
En los fundamentos del fallo, el Tribunal aclaró que los funcionarios condenados representaban los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidad dentro del municipio, y solicitó que se investigue el accionar del intendente de Pergamino, Javier Martínez, durante los años en que ocurrieron los hechos denunciados.
Los magistrados propusieron además la conformación de una mesa de diálogo entre autoridades, productores, especialistas y vecinos, con el objetivo de avanzar hacia regulaciones sostenibles sobre las aplicaciones de fitosanitarios, al considerar que el conflicto requiere soluciones integrales y no únicamente respuestas desde el ámbito penal. Durante la lectura del veredicto, los jueces remarcaron también que un juez penal no es un superhéroe, sino que debe aplicar la legislación vigente, aun cuando las normas actuales puedan resultar insuficientes para resolver conflictos ambientales complejos.
La causa se había originado tras la denuncia de una familia que atribuyó problemas de salud a la exposición a agroquímicos, mientras que la Fiscalía Federal había solicitado penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias y el decomiso de los campos considerados contaminados.
