INFOTEC 4.0
La nueva legislación, oficializada mediante el Decreto Nº 1019, elimina las diferencias que establecía la normativa anterior respecto del acceso al beneficio y determina que cualquier agente de la Administración Pública Provincial podrá percibir la asignación por su cónyuge residente en el país, sin distinciones basadas en el género.
Además, la ley mantiene el derecho a cobrar la asignación para los agentes divorciados que tengan obligación de prestar alimentos, siempre que acrediten que el otro cónyuge no percibe el mismo beneficio.
Uno de los cambios incorporados establece que, cuando ambos integrantes del matrimonio sean empleados de la Administración Pública Provincial, deberán presentar una declaración jurada conjunta indicando cuál de los dos percibirá la asignación. En caso de no existir acuerdo, el beneficio será abonado en partes iguales a cada uno.
La normativa también precisa que el derecho a percibir la asignación cesará en caso de fallecimiento del cónyuge, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o por divorcio. Asimismo, quien cobre el beneficio deberá informar cualquier modificación que implique la pérdida de ese derecho, acompañando la documentación correspondiente.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la modificación alcanza a los distintos regímenes estatutarios que remiten al sistema de asignaciones familiares previsto en la Ley Nº 643, por lo que tendrá impacto en el personal de los tres poderes del Estado provincial.
Para acceder al beneficio, las y los agentes deberán completar la Declaración Jurada de Asignaciones Familiares, disponible en la página oficial de la Contaduría General de la Provincia, desde donde podrá iniciarse el trámite correspondiente.
Con esta actualización, el Ejecutivo provincial señaló que busca modernizar el régimen de asignaciones familiares del empleo público, garantizando igualdad de derechos y brindando mayor claridad sobre las condiciones para el otorgamiento y la continuidad de la asignación por cónyuge.
