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La expresidente, que cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad, sostuvo que cuando la Justicia interviene en la disputa política se debilita la democracia. En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y afirmó que se trata de una herramienta que limita la participación política mediante decisiones judiciales.
La publicación coincidió con una conferencia de prensa de su equipo de defensa, que formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según el planteo, durante el proceso judicial se habrían vulnerado garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que Argentina tiene incorporado a su legislación.
Kirchner aseguró que no busca privilegios ni excepciones, sino un juicio imparcial e independiente. Además, afirmó que el proceso estuvo marcado por arbitrariedades incompatibles con el debido proceso legal y por un contexto de hostilidad que, según expresó, también refleja situaciones de discriminación de género dentro del sistema judicial.
Para esta nueva etapa internacional, la defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi en la estrategia presentada ante el organismo internacional.
La exmandataria fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad. La sentencia quedó firme tras las resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar la admisibilidad de la presentación antes de decidir si analiza el fondo del reclamo.
