INFOtec 4.0
La Justicia federal ordenó preservar las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y solicitar información sobre los controles migratorios realizados durante la salida de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos, para determinar si hubo irregularidades o intervención de funcionarios argentinos.
Las medidas fueron dispuestas por la jueza María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, tras una denuncia presentada por Gabriel Solano, del Partido Obrero, contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. También se solicitó establecer si Brasil había enviado alertas sobre la situación judicial del dirigente.
Según la denuncia, Bolsonaro ingresó a Argentina por Puerto Iguazú y partió el 27 de octubre a las 23.30 en un avión privado de Baires Fly con destino a Miami, acompañado por su familia. Solano sostiene que el Gobierno argentino debía conocer la restricción de salida que, según afirmó, había dispuesto el juez brasileño Alexandre de Moraes.
La presentación apunta a posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, entre otros. Sin embargo, las medidas ordenadas son preliminares y no implican que se hayan comprobado las irregularidades denunciadas.
En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú descartó delitos relacionados con el ingreso de Bolsonaro, aunque la Fiscalía de Revisión deberá decidir si archiva ese expediente o profundiza la investigación. Se trata de una causa distinta de la que tramita en Comodoro Py.
