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La crisis migratoria en Ceuta dejó al menos 57 muertos, mientras que 48.300 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos de forma voluntaria, tras el ingreso masivo de unas 50.000 personas que desbordó la capacidad del enclave español.
España mantiene desplegados refuerzos de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas para reforzar la frontera, mientras el presidente Pedro Sánchez anunció nuevas medidas de control, entre ellas la instalación de boyas en la zona de El Tarajal para impedir nuevos cruces y la aceleración de las devoluciones de migrantes irregulares.
La Unión Europea convocó una reunión extraordinaria para analizar la situación y ofreció apoyo adicional a España, incluyendo un eventual refuerzo de Frontex. En paralelo, la crisis provocó tensiones diplomáticas luego de que Italia anunciara controles fronterizos para viajeros procedentes de España, al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE.
Desde Madrid rechazaron esa decisión y aseguraron que la integridad del espacio Schengen está garantizada, mientras que Estados Unidos atribuyó la crisis a la política migratoria española. El episodio se convirtió en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de Ceuta.
