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LA PAMPA | En la antesala de la huelga, el Ministerio de Capital Humano de la Nación informó que desplegará inspecciones muestrales en establecimientos educativos de todo el país, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 27.802, la norma que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar un piso de prestación habitual del 75%. Desde la cartera nacional advirtieron que, en caso de detectarse incumplimientos a ese esquema, se activarán los protocolos correspondientes para aplicar sanciones a las entidades gremiales involucradas.
No obstante, las organizaciones sindicales nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) sostienen que el reclamo se encuentra amparado por el derecho constitucional de huelga. En ese sentido, remarcan la vigencia de un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, que dictó una medida cautelar que mantiene suspendida, de manera temporal, la exigencia de esencialidad impulsada por el Gobierno nacional, mientras continúa en trámite la demanda de fondo presentada por los gremios.
Además del reclamo salarial y la restitución del FONID, el pliego de demandas del sector incluye el rechazo a eventuales reformas previsionales, la oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa y el pedido de una nueva ley de financiamiento educativo. A esto se suma la exigencia de un incremento presupuestario urgente destinado a infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y la continuidad de los programas socioeducativos vigentes en las distintas provincias.
