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El Gobierno nacional intimó formalmente a 536 profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen de inmediato sus tareas en los puertos argentinos, en medio del paro por tiempo indeterminado que mantiene afectado el tránsito de buques en la Hidrovía y complica el comercio exterior.
La medida fue dispuesta por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que notificó individualmente a los prácticos y advirtió que quienes mantengan la huelga podrán enfrentar sumarios administrativos y denuncias penales por entorpecer el transporte por agua y poner en riesgo la seguridad de la navegación, delitos que contemplan penas de hasta ocho años de prisión.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que derogó la reglamentación vigente desde 1991 y reformó el sistema de practicaje y pilotaje.
Entre los principales cambios, la norma crea un registro público de profesionales administrado por la PNA, elimina restricciones para el ingreso a la actividad, permite a las empresas elegir libremente a los prestadores, habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a fijar topes tarifarios y exige mayor transparencia en los costos del servicio.
Además, elimina la división obligatoria por tramos geográficos, flexibiliza los traslados del personal y amplía las exenciones para determinados buques. En rechazo a estas modificaciones, las entidades del sector resolvieron paralizar totalmente las tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta que el Gobierno suspenda o deje sin efecto el decreto.
La protesta mantiene demorado el movimiento de buques que transportan granos, combustibles e insumos, generando preocupación por su impacto sobre las exportaciones y la actividad portuaria.
