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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover el ingreso al sistema financiero formal de dólares que permanecen fuera del circuito bancario. La propuesta fue aprobada por 44 votos contra 23, con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
La reforma elimina el límite patrimonial de $10.000 millones que restringía el acceso al régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, establece que el Presidente, ministros, legisladores, jueces y otros funcionarios públicos, así como quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores, no podrán acceder a sus beneficios.
Otro de los cambios establece una nueva definición de “discrepancia significativa”, que permitirá a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnar una declaración simplificada cuando la diferencia implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.
Durante el debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó a muchos ciudadanos a retirar sus ahorros del sistema formal y destacó las restricciones previstas para funcionarios públicos.
Desde el peronismo, José Mayans cuestionó duramente la reforma y la calificó de “desastre”, mientras que Fernando Salino planteó ampliar las restricciones a todas las “personas políticamente expuestas”, una categoría más amplia que la de funcionarios públicos contemplada en el proyecto.
El senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa y afirmó que busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes, bajo el argumento de que quienes pagan impuestos no deben ser considerados permanentemente sospechosos de evasión.
