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El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) dispuso la desadjudicación de cuatro viviendas sociales e intimó a otras siete familias pampeanas por incumplimientos relacionados con la falta de ocupación efectiva de los inmuebles y deudas en el pago de las cuotas. Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 7 de agosto.
Según informó el organismo, una de las medidas alcanzó a una vivienda del Plan FO.NA.VI. BIRF I en la localidad de 25 de Mayo, cuya adjudicación fue dejada sin efecto por reiterados incumplimientos en el pago de las cuotas de amortización. Situaciones similares se registraron en General Pico, donde se rescindió la tenencia precaria de una vivienda del Plan de 3.000 Viviendas, en Vértiz, por falta de ocupación y de pago, y en Ataliva Roca, donde también se detectó incumplimiento en ambos requisitos. En los cuatro casos, el IPAV avanzó además con la toma de posesión de los inmuebles.
Por otra parte, el organismo provincial emitió intimaciones a siete adjudicatarios de distintas localidades. Dos de ellas corresponden a viviendas ubicadas en Santa Rosa y General Pico, donde se reclamó la regularización de deudas por cuotas impagas, advirtiendo sobre posibles sanciones que podrían llegar incluso al desalojo.
En tanto, otras cinco intimaciones alcanzan a adjudicatarios de General Pico, Alta Italia, Intendente Alvear, Speluzzi y La Maruja, localidades de relevancia para la zona norte pampeana. En estos casos, el IPAV exigió explicaciones por la falta de ocupación efectiva y permanente de las viviendas, además de la cancelación de las deudas existentes. De no regularizar la situación, el organismo podría avanzar con la desadjudicación de las unidades habitacionales y recuperar la posesión de las mismas.
Desde el Instituto recordaron que las viviendas sociales deben ser habitadas de manera permanente por las familias adjudicatarias y que el cumplimiento de las obligaciones de pago constituye uno de los requisitos fundamentales para conservar el beneficio otorgado por el Estado provincial. Estas acciones forman parte de los controles periódicos que realiza el organismo para garantizar el correcto uso de las viviendas y permitir que quienes realmente las necesitan puedan acceder a una solución habitacional.
