Diego Álvarez: "se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé"

Ministro Álvarez defendió el operativo por el bebé de Rancul: "Cumplimos con una orden judicial"

SANTA ROSA | Según consignó el medio provincial El Diario, el ministro realizó las declaraciones este martes en la Legislatura provincial, adonde había acudido para participar de un plenario legislativo vinculado a la reforma del Código Procesal Penal. Sin embargo, no eludió las consultas de la prensa sobre el conflictivo procedimiento del lunes, cuando la familia de contención fue interceptada por personal policial en la caminera de Eduardo Castex mientras regresaba hacia Rancul con el bebé.

De acuerdo a lo relatado, el caso se originó cuando una pareja de Rancul recibió al niño a los dos meses de vida en calidad de familia de contención y, con el correr del tiempo, desarrolló un fuerte vínculo afectivo con él. La pareja solicitó posteriormente ser considerada para su adopción, pero el planteo chocó con la normativa vigente, que impide que las familias de contención adopten a los niños que tienen temporalmente a su cargo. El conflicto escaló por distintas instancias judiciales y, si bien la Corte Suprema había habilitado la posibilidad de analizar el reclamo de la familia, la Justicia pampeana terminó ordenando la restitución del bebé a la familia adoptiva seleccionada oportunamente por el Registro Único de Adoptantes (RUA).

El desenlace se produjo el lunes, luego de que el Superior Tribunal de Justicia declarara inadmisible el recurso extraordinario presentado por la familia de contención. Ese día se registró el episodio de mayor tensión: según se informó, la pareja se negó en un primer momento a entregar al bebé y, cuando circulaba de regreso a Rancul, fue interceptada por la Policía en la Ruta Nacional N° 35, a la altura de la localidad pampeana de Eduardo Castex. Tras el operativo, el niño fue trasladado y finalmente quedó al cuidado de la familia adoptante designada por la Justicia, mientras que la Subsecretaría de Niñez sostuvo que había actuado en cumplimiento de una orden judicial y dio por concluida su intervención administrativa.

Al ser consultado por la prensa, Álvarez explicó: "Simplemente cumplimos una orden judicial. La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N° 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva. Por lo tanto, se estaba esperando poder cumplir con esa orden judicial, materializarla y que el bebé tuviera el destino indicado por la jueza".

Consultado sobre si se había buscado una forma particular de llevar adelante el procedimiento debido a los cuestionamientos que generó, el ministro respondió: "Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas. En esta circunstancia, era un bebé que tenía que ir, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa de adopción, a la familia adoptante".

Sobre la posibilidad de que este tipo de casos motive una revisión de la legislación vigente, Álvarez consideró que no le corresponde al Ministerio expedirse al respecto y señaló: "Creo que la ley de fondo buscó en su momento terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, como la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares". Agregó que ese fue uno de los principales objetivos que persiguió la reforma del Código Civil al crear el Registro Único de Adoptantes, con el fin de establecer un procedimiento "mucho más justo y equitativo" para quienes buscan adoptar, poniendo siempre en el centro el derecho de los niños y niñas.

Consultado puntualmente sobre cómo era tratado el bebé por la familia de Rancul, el funcionario evitó pronunciarse: "No quiero hablar de eso. Es un tema resuelto. Puedo comprender algunas situaciones, pero nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir". Remarcó, además, que se trató de un proceso judicial transparente, en el que la familia pudo ejercer todas las defensas que consideró pertinentes en primera instancia, segunda instancia y ante la Corte, hasta el rechazo final dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia.

El caso de General Pico

Durante la misma rueda de prensa, el ministro fue consultado por otro caso vinculado a presuntas irregularidades en un proceso de adopción, conocido posteriormente en la ciudad piquense. Al respecto, indicó: "En el caso de Pico intervino la Unidad Local de Niñez, donde detectaron —vamos a hablar en términos de supuestos, de situaciones potenciales— que podía existir una posible apropiación de un niño a través de la entrega de una suma de dinero".

Hicieron todo por derecha y terminaron denunciados por una supuesta "compra" de un bebé

Según relató Álvarez, cuando la familia involucrada tomó conocimiento de que se realizaría la denuncia correspondiente, se presentó ante el juzgado solicitando la guarda del niño, pedido que fue rechazado por la jueza interviniente, quien dio intervención al fiscal ante la posible comisión de un delito de apropiación, entre otras figuras que pudieran corresponder. El funcionario remarcó que la causa se encuentra actualmente en el ámbito judicial, con la investigación penal en curso.

Consultado sobre la situación actual del niño, precisó: "Esa criatura hoy está en un dispositivo de niñez". Sobre los antecedentes del vínculo entre la familia y el organismo, señaló: "Sí, de ahí surge la información. La propia familia manifestó que había realizado un pago por el niño y que no eran referentes afectivos. Pero es materia judicial y a mí no me corresponde emitir opinión, porque lo único que tenemos es la información que surge de las actuaciones judiciales".

Reforma del Código Procesal Penal

Por otra parte, Álvarez explicó los motivos de su presencia en el plenario legislativo, orientado a modificar el Código Procesal Penal provincial en el marco de la reciente baja en la edad de imputabilidad de menores dispuesta por la Ley Nacional 27.801. Según indicó, la reforma enviada por el Poder Ejecutivo fue trabajada en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos vinculados a la aplicación del Código de Procedimiento.

"Como se sabe, fue modificada la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años a través de la Ley 27.801. Lo que corresponde a las provincias, dentro de sus competencias, es modificar el procedimiento penal para adecuarlo a los nuevos límites que fija la ley de fondo", explicó el ministro.

Consultado sobre si la reforma habilitaría la posibilidad de una prisión para menores, aclaró: "No necesariamente. No hablaría de sancionar y castigar, sino de que va a haber persecución penal. Lo que plantea la reforma del Código Procesal de la provincia son alternativas distintas a la prisión y al castigo para los adolescentes que infrinjan la ley penal. Son prácticas modernas que tienen que ver con la reparación del daño y con otras salidas de justicia restaurativa". Añadió, además, que "más allá de que, obviamente, no estamos de acuerdo con la ley de fondo nacional, nosotros estamos dentro de un Estado de derecho y, dentro de ese Estado de derecho, las leyes están para cumplirse y para cumplir con la Constitución".

Ante la consulta sobre un eventual escenario similar al ocurrido en la provincia de Buenos Aires respecto de la suspensión de la aplicación de la norma, Álvarez diferenció las jurisdicciones: "Eso es una decisión judicial de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los que estamos acá, tenemos que trabajar sobre nuestra normativa". Agradeció además la celeridad de la Cámara de Diputados, que convocó a un plenario de comisiones para definir si el proyecto podrá tratarse este jueves con las mayorías especiales que requiere su aprobación.