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La Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo, presidida por el senador nacional Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa), aprobó este miércoles los lineamientos para iniciar el proceso de regularización de los representantes parlamentarios y del Poder Ejecutivo en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
Al finalizar la reunión, Kroneberger valoró el trabajo de la comisión y el respaldo de los distintos bloques. “Estoy muy contento, primero por el trabajo que hicieron los miembros de la comisión para llegar a esta instancia. Y segundo, por el acompañamiento que tuvimos de todos los miembros de la Comisión, ya sea diputados, ya sea senadores”, expresó.
El legislador explicó que el organismo fue constituido en 2017 y que sus mandatos, de cuatro años, vencieron en 2021 y volvieron a hacerlo en 2025. “Hoy está en una situación totalmente irregular, digamos, por distintas situaciones, deserciones y demás, de los 6 miembros que competen al Senado y a la Cámara de Diputados, solamente ha quedado uno en funciones”, señaló.
En ese sentido, afirmó que “era una deuda que teníamos hacia la sociedad para saldarla”. Además, precisó que el Comité está integrado por seis representantes del Congreso, uno del Poder Ejecutivo y tres de organizaciones no gubernamentales. La regularización de estos últimos quedará para otra instancia.
La comisión aprobó un procedimiento que contempla la presentación y publicación de candidatos, un período de observaciones y una audiencia pública. La intención es cumplir con los plazos establecidos para llegar al cierre del período parlamentario con los nuevos integrantes designados.
“Pensamos que en la primera semana de noviembre vamos a estar en condiciones de tratarlo esto en el Pleno del Senado, y bueno, y de ahí tiene que pasar a Diputados para que se ratifique en su totalidad y que los nuevos miembros puedan asumir esa responsabilidad que van a tener en el organismo”, sostuvo Kroneberger.
Qué es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
El CNPT es un organismo público creado por la Ley 26.827, sancionada en 2012, que comenzó a funcionar en 2017. Actúa en el ámbito del Poder Legislativo con independencia y es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su tarea consiste en prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes mediante el monitoreo de los lugares de encierro, las visitas de inspección y la formulación de recomendaciones para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.
