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De la reunión participaron fiscales de la II y IV Circunscripción del Ministerio Público Fiscal y representantes de todas las comisarías de la Unidad Regional II, junto con efectivos de las dependencias policiales del oeste provincial, entre ellas las comisarías de Victorica, Telén y Santa Isabel.
Fiscal expuso alcances del nuevo régimen
La exposición estuvo a cargo de Emilia Buffone, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, quien abordó los principales cambios derivados del nuevo régimen penal juvenil y las pautas que deberán tener en cuenta los efectivos policiales durante las primeras intervenciones.
Articular criterios entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal
Uno de los principales objetivos del encuentro fue coordinar y articular criterios de actuación entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, especialmente respecto de la primera intervención ante hechos presuntamente delictivos cometidos por niños o adolescentes.
En ese marco, se repasaron los principios rectores del régimen penal juvenil, haciendo especial hincapié en las diferencias existentes entre adolescentes punibles y aquellos que, por su edad, son considerados no punibles.
Buffone explicó que se trató de un primer encuentro destinado a brindar herramientas concretas para la aplicación del nuevo marco normativo.
“En este primer encuentro expliqué la diferencia con la nueva Ley 27.801 y cómo la provincia se había adecuado a esa legislación a partir de la ley que se aprobó en la Legislatura provincial el 11 de septiembre, que es la Ley 3.656”.
La fiscal señaló que, además de explicar las modificaciones legislativas, durante la jornada se trabajó sobre directivas prácticas destinadas a facilitar la intervención policial.
Notificaciones, detenciones y plazos
Entre los temas abordados estuvieron las notificaciones que deben realizarse cuando se trata de adolescentes punibles, así como las diferencias que deben contemplarse cuando se interviene ante adolescentes no punibles. Al momento de notificar, tiene que constar la firma de madre, padre, tutor o adulto responsable. Y en caso de que no los tengan o no se encuentren, deben comunicar lo actuado a los organismos de Protección.
También se analizaron aspectos relacionados con la detención de adolescentes y los plazos para la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.
En particular, se recordó que existe un plazo de 24 horas para elevar las actuaciones, aspecto considerado central para garantizar una intervención adecuada y ajustada al nuevo régimen.
La capacitación buscó, de esta manera, que los agentes policiales cuenten con pautas claras desde el primer momento en que toman intervención en un hecho que involucra a una persona menor de edad.
Un régimen con finalidad educativa y de reinserción
Otro de los ejes centrales de la exposición estuvo relacionado con los principios que rigen el proceso penal juvenil.
Buffone remarcó que el sistema tiene una finalidad diferente a la lógica exclusivamente punitiva del sistema penal de adultos. En este sentido, destacó que el objetivo no es meramente retributivo, sino que apunta a la educación, la reintegración y la reinserción del adolescente en la sociedad.
“También les hablé con respecto a los principios que rigen en el proceso penal juvenil y el fin, que es no retributivo sino justamente de reintegrarlos a la sociedad y educativo” .
Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que este tipo de encuentros resulta fundamental para fortalecer la articulación institucional y establecer criterios comunes entre quienes tienen a su cargo la primera intervención y quienes posteriormente llevan adelante la investigación y el proceso judicial.
La jornada permitió, además, que los representantes policiales pudieran plantear dudas y conocer de manera directa las pautas de actuación frente a los distintos escenarios que pueden presentarse cuando un niño, niña o adolescente queda involucrado en un hecho presuntamente delictivo.
Un nuevo marco de actuación
La reunión se enmarca en el proceso de adecuación de la provincia al nuevo régimen penal juvenil, que plantea modificaciones en la intervención de los organismos estatales frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Para las fuerzas policiales, uno de los principales desafíos será aplicar correctamente las nuevas pautas desde el primer contacto con el adolescente, respetando las garantías y principios específicos del régimen juvenil y, al mismo tiempo, asegurando la comunicación y remisión de las actuaciones dentro de los plazos establecidos.
El encuentro entre fiscales y policías del norte y oeste provincial constituyó así una instancia de capacitación, articulación y unificación de criterios, con el propósito de que la implementación del nuevo régimen se traduzca en procedimientos claros y respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
