INFOTEC 4.0
Durante la sesión de este jueves, Aliaga fundamentó la iniciativa en el artículo 16 de la Ley Provincial N.º 2675, que establece la exigencia del Libre Deuda Ambiental para acceder a concesiones hidrocarburíferas. Sostuvo que el requisito debe aplicarse sin excepciones, tanto a empresas estatales como privadas o mixtas, independientemente de que participen individualmente o en asociación.
El legislador puso el foco en la participación del 20 % prevista para Pampetrol S.A.P.E.M. en el esquema de concesión proyectado por 25 años y reclamó que la empresa estatal acredite documentalmente que no mantiene pasivos ambientales pendientes de remediación vinculados con su anterior participación en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada con PCR. También invocó la Ley Nacional General del Ambiente N.º 25.675 y sus principios de prevención y responsabilidad, al advertir que las deficiencias en los controles no deben trasladar al Estado provincial ni a las futuras generaciones los costos de una eventual contaminación.
Desde Comunidad Organizada señalaron que el objetivo es garantizar que el proceso licitatorio de El Medanito avance con pleno respeto de la legislación vigente y sin excepciones en materia ambiental.
En la misma sesión, la Cámara aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo que establece la incorporación y obligatoriedad de la sala de 3 años en La Pampa. La diputada Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, acompañó la iniciativa, aunque planteó reparos sobre las condiciones pedagógicas, presupuestarias y de infraestructura necesarias para garantizar una educación de calidad.
Fonseca reconoció la importancia de la escolarización temprana para el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social de niñas y niños, así como para la detección precoz de dificultades y la reducción de desigualdades. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que atraviesa actualmente el sistema educativo provincial, entre ellas los bajos niveles de aprendizaje, los problemas de convivencia, las aulas sobrepobladas y la insuficiencia de equipos técnicos e interdisciplinarios.
La legisladora cuestionó que la reestructuración educativa provincial se vincule principalmente con la disminución de la matrícula y la baja natalidad, sin que, a su entender, exista una revisión suficiente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También señaló que la ministra de Educación había informado en una reunión de comisiones que se estaba trabajando en los diseños curriculares para la formación de docentes de nivel inicial.
En ese contexto, Fonseca puso en duda que los plazos disponibles alcancen para preparar a los docentes y garantizar las herramientas pedagógicas necesarias para la implementación de la medida. Como argumento, mencionó los espacios curriculares vinculados con la atención temprana y la planificación en jardines maternales presentes en la formación docente, y consideró que podrían resultar insuficientes para atender las necesidades específicas de los niños más pequeños.
Además, reclamó precisiones sobre el presupuesto destinado a la implementación de la obligatoriedad, la capacitación docente y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las propuestas pedagógicas. “¿Cómo se garantiza que estas capacitaciones se conviertan en propuestas pedagógicas en la sala?”, planteó al cuestionar qué controles se realizan para evaluar su impacto en el aprendizaje.
Finalmente, sostuvo que la obligatoriedad por sí sola no garantiza el derecho a la educación si no están dadas las condiciones necesarias. “Cantidad no es sinónimo de calidad, obligatoriedad no implica garantizar el derecho a la educación de estos niños más pequeños”, expresó, y remarcó que la infraestructura adecuada, la formación docente y los recursos presupuestarios serán determinantes para concretar la medida.
