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La diferencia no es menor: Larreta integra el FreJuPa y forma parte de la comisión investigadora que analizará presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia junto a Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID). El dictamen para crear esa comisión fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación Social y Salud.
En declaraciones realizadas este martes, Álvarez volvió a sostener que el procedimiento mediante el cual el bebé fue retirado de la familia de contención se realizó conforme a las decisiones judiciales. En días anteriores, el ministro había señalado que la Provincia actuó en cumplimiento de una orden judicial y que se buscó generar “la situación menos violenta” para el niño.
Ahora, ante las críticas políticas surgidas a partir del caso, fue más allá y cuestionó la utilización política del conflicto.
“Las situaciones que por ahí generan algunas fuerzas políticas de carancheo político en una circunstancia donde hay derechos que son supraconstitucionales como son los derechos de la infancia”, sostuvo.
Y agregó: “Nosotros no nos vamos a prestar” a ese tipo de situaciones. Según su planteo, existe “un interés político detrás de todo esto” y señaló que quienes “han pregonado muchas veces el apego a la ley” son ahora quienes pretenden que los funcionarios se aparten, en clara alusión a Juan Carlos Tierno que desde el primer momento cuestionó el accionar de la cartera de Alvarez y se mostró cercano al caso.
Álvarez, además, evitó referirse específicamente a la comisión investigadora que la Legislatura comenzó a conformar, por la incomodidad que genera dentro del oficialismo la postura de Larreta.
Del otro lado aparece Larreta, quien ya había marcado públicamente una posición crítica respecto del funcionamiento de Niñez durante el debate legislativo que derivó en la creación de la comisión.
La diputada oficialista planteó que cuando una situación que involucra derechos de niños termina convertida en una disputa entre adultos y áreas administrativas, el foco deja de estar puesto en el niño.
Consultada sobre si consideraba que eso había ocurrido en este caso, respondió que sí, aunque evitó individualizar funcionarios: “Quienes estén en esas áreas y quienes sean los jefes sabrán quiénes son los funcionarios que no funcionan”, deslizó apuntando al Ministro Diego Alvarez.
Y dejó una definición que adquiere especial relevancia frente a las declaraciones del funcionario “Si las cosas funcionaran y todo estuviera bien, hoy no tendríamos nueve días una familia sentadita ahí afuera” por el acampe de Joaquin Diaz y Ana Laura Pizzani mantienen en casa de Gobierno pidiendo renuncias y reclamando información sobre el paradero del bebé que criaron durante 8 meses.
La diputada ya había sostenido en la Legislatura que “cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones” y que el silencio institucional no servía. También afirmó: “Soy oficialista, del mismo gobierno al cual siempre defiendo cuando las cosas están bien y cuando están mal, no. Y esto está mal”.
La situación adquiere una dimensión política particular porque Larreta no pertenece a la oposición: es diputada del FreJuPa y representa al oficialismo en la comisión que deberá investigar el funcionamiento de un área dependiente del Poder Ejecutivo provincial.
La propia trayectoria política de Larreta está vinculada a la Línea Plural que conduce Carlos Verna: en 2015 fue presentada como candidata de ese espacio en Rancul.
Así, el caso que comenzó con el reclamo de una familia de contención por la forma en que fue retirado el bebé terminó abriendo otro frente dentro del peronismo pampeano. Por un lado, el ministro Álvarez sostiene el accionar de Niñez y cuestiona la utilización política del conflicto; por otro, una diputada del propio oficialismo integra la comisión investigadora y reclama revisar responsabilidades dentro del área.
La familia de Rancul, que desde hace días mantiene un acampe frente a Casa de Gobierno, pidió públicamente la renuncia de Álvarez y de funcionarios de Niñez. La comisión tendrá ahora la tarea de analizar las actuaciones y determinar qué elementos surgen de la documentación y de los testimonios que eventualmente sean incorporados.
El caso, entonces, ya no solo enfrenta a una familia con el Estado: también puso en evidencia diferencias dentro del propio espacio político que gobierna La Pampa.
