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La Justicia Federal de Santa Rosa hizo lugar al planteo del Gobierno de La Pampa y dejó sin efecto, de manera cautelar, los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, que habían modificado el régimen de regalías de Los Nihuiles y asignado el 100% de los recursos a Mendoza.
La resolución del juez ordenó la suspensión inmediata de esas disposiciones y requirió al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe previo en el plazo de tres días. La medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la cautelar solicitada en la causa.
El planteo pampeano sostuvo que el derecho a percibir el 50% de las regalías no depende únicamente del Decreto 1560/73, vigente desde 1973, sino también del convenio firmado en 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa. El acuerdo fue aprobado por las Legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema.
En su cláusula quinta, el convenio estableció la obligación de abonar a La Pampa las regalías hidroeléctricas correspondientes, conforme a la Ley 15.336 y al Decreto 1560/73. También reconoció mecanismos de control provincial sobre el funcionamiento del complejo.
El régimen permitió que La Pampa percibiera durante más de cinco décadas la mitad de las regalías. Tras la Ley 23.164, que elevó al 12% el porcentaje nacional, el esquema representó un 6% para cada provincia.
La discusión se vincula además con los antecedentes del río Atuel y con la intervención de la Corte Suprema, que el 27 de agosto de 2026 ordenó la participación obligada de La Pampa en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
El fallo restablece provisoriamente el derecho pampeano al 50% de las regalías, mientras continúa el proceso judicial de fondo sobre el complejo hidroeléctrico y el convenio interjurisdiccional de 1992.
