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El esquema tiene además una característica que profundiza la incertidumbre: estos trabajadores prestan servicios durante el período escolar, aproximadamente de marzo a diciembre, y la continuidad para el año siguiente depende de una nueva contratación. El vínculo puede no renovarse y, según las condiciones contractuales, también puede ser rescindido antes de su finalización. Esa incertidumbre ayuda a explicar por qué no existen reclamos públicos de los trabajadores: el temor a perder el empleo o a no ser nuevamente contratados funciona como un límite concreto para plantear cuestionamientos sobre sus condiciones laborales.
El problema no está solamente en el valor de la hora. Los trabajadores tienen establecido un tope de ingresos de $2.158.000 durante tres meses, según la información relevada por este medio. Eso representa un promedio de $719.333 mensuales.
La cifra equivale a poco menos de la mitad de la canasta pampeana estimada en $1.680.000 para marzo-abril por la Intersindical. Es decir, antes de descontar el monotributo, eventuales honorarios de contador y otros gastos asociados a la contratación, el ingreso promedio alcanza aproximadamente al 43% de esa canasta.
Además, el pago no necesariamente se produce de manera completa y regular. En Realicó se registraron casos en los que meses trabajados quedaron pendientes de cobro, incluido el período correspondiente a abril. Para quienes dependen de estos ingresos, las demoras implican trabajar durante un período y esperar meses para disponer del dinero correspondiente.
La administración de la limpieza integral depende de la Dirección General de Administración Escolar del Ministerio de Educación de La Pampa. Frente a las demoras o dudas sobre los pagos, los trabajadores realizan consultas ante esa área, pero según la información recogida por InfoTec reciben poca información o, en algunos casos, un trato que consideran inadecuado cuando intentan conocer cuándo y cómo cobrarán lo trabajado.
La situación agrega otra dificultad a un esquema ya marcado por la incertidumbre. No se trata solamente de cuánto se cobra, sino también de cuándo se cobra, qué períodos fueron liquidados y qué respuesta recibe quien necesita saber cuándo estará disponible el dinero por un trabajo que ya realizó.
El Estado provincial necesita que las escuelas funcionen y estén limpias todos los días, pero una parte de quienes garantizan esa tarea queda encuadrada en una modalidad que combina ingresos limitados, costos que recaen sobre el trabajador, pagos trimestrales y ausencia de estabilidad.
La cuestión central es quién absorbe el riesgo económico de una actividad que el Estado necesita que se realice de manera permanente. Mientras el sistema educativo requiere continuidad, el trabajador contratado bajo esta modalidad termina cada ciclo escolar sin certeza sobre su continuidad laboral y, durante el año, depende de pagos que pueden demorarse.
En ese contexto, el silencio de los trabajadores tampoco puede interpretarse automáticamente como ausencia de problemas. Cuando una persona sabe que su contrato puede no ser renovado, reclamar puede significar poner en riesgo la única fuente de ingresos que tiene.
En Realicó son 11 los trabajadores identificados bajo esta modalidad, vinculados al sistema educativo provincial.
La situación adquiere una dimensión local porque el Ministerio cuenta con una representación territorial. La subdelegada ministerial de la Zona Norte es Viviana Bongiovanni, exintendenta de Realicó, quien fue nombrada en ese cargo cuando culminó con su gestión, por la actual gestión provincial de Sergio Ziliotto.
Que Bongiovanni sea la representante territorial no significa que tenga a su cargo la liquidación de estos contratos, que corresponde a las áreas administrativas provinciales. Pero su presencia institucional en la zona abre una pregunta concreta: ¿qué intervención tiene ella frente a la situación de trabajadores que cumplen tareas esenciales en las escuelas de su jurisdicción?
No es la primera vez que InfoTec expone por reclamos vinculados con pagos del Ministerio de Educación. En octubre de 2025, este medio informó sobre una deuda del Ministerio con una remisera de Realicó que prestaba servicios para Educación y consignó que Bongiovanni había sido consultada, sin obtener respuesta sobre el reclamo.
La utilización de monotributistas dentro de las tareas vinculadas al sistema educativo tampoco es una situación reciente. En agosto de 2021, InfoTec informó sobre un conflicto protagonizado por trabajadores de la educación no docente y consignó que el Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docente cuestionaba la “notoria precariedad” de los trabajadores monotributistas y de quienes estaban encuadrados bajo la Ley 2871.
Cinco años después, en Realicó continúan existiendo trabajadores que realizan una tarea indispensable para el funcionamiento cotidiano de las escuelas bajo un esquema que combina contratos temporales, ingresos acotados, pagos cada tres meses, costos propios y falta de estabilidad.
La cuestión de fondo queda planteada: el Estado que necesita que una escuela funcione todos los días también debería explicar por qué quienes garantizan una de sus condiciones básicas —la limpieza— pueden pasar meses esperando para cobrar y terminar cada ciclo lectivo sin saber si tendrán trabajo nuevamente al año siguiente.
Cuando el Estado es el empleador, la precariedad no deja de ser precariedad por estar escrita en un contrato.
