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NACIONALES | Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Senado retomará el trabajo parlamentario después de un período de parálisis. La única actividad de la última semana fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser conducida por el senador misionero Carlos Arce, ya que la libertaria Nadia Márquez todavía no asumió su banca en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.
También resta definir si el chaqueño Juan Cruz Godoy se hará cargo de la estratégica Comisión de Legislación General. En paralelo, las conversaciones sobre la reforma electoral y la eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias permanecen en manos de la Casa Rosada, que busca reunir los consensos necesarios.
El primer tema en agenda es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El jueves a las 14:00 se reunirá un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el libertario Francisco Paoltroni, y de Industria y Comercio, a cargo del peronista Marcelo Lewandowski. El oficialismo pretende emitir dictamen sobre el acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que establecen una reserva al capítulo II con el fin de proteger a la industria farmacéutica nacional, un planteo que habían hecho las cámaras del sector.
La Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, pero, por los cambios introducidos, deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva y posterior entrada en vigor. De lograrse el dictamen, la sanción podría concretarse en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre, jornada en la que también podrían sumarse otros proyectos pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono, la llamada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.
Precisamente, Bullrich pretende anunciar en los próximos días el entendimiento alcanzado con ministros provinciales y bloques dialoguistas sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Ejecutivo. La intención es presentar los consensos junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta. La iniciativa llegó al Senado en abril y, desde entonces, se realizaron tres reuniones informativas, aunque la comisión no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las dificultades para acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición.
El proyecto propone cambios sustanciales en la normativa vigente, sobre todo en lo referido a las internaciones involuntarias. De acuerdo a lo trascendido, para disponerlas deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría, por lo que el texto no deja la evaluación exclusivamente en manos de un psiquiatra.
Se mantiene como criterio que solo podrán realizarse ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros, y se prevé que el abordaje se adecue a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente. También se contempla un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, para coordinar el regreso de la persona a su entorno.
Otro eje de la reforma es un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad, cuya atención quedaría a cargo de equipos profesionales con formación en población infantojuvenil. Además, uno de los objetivos centrales del Gobierno es incorporar de manera explícita las adicciones dentro del abordaje de la salud mental.
Como contexto adicional, ajeno al despacho original, la reforma modifica la Ley 26.657, vigente desde 2010, y su tratamiento comenzó en el Senado el 29 de abril, cuando el Gobierno la presentó ante un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General. En aquella reunión, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, sostuvo que la ley actual no funciona adecuadamente, mientras que algunos legisladores provinciales citaron un documento de rechazo al proyecto firmado por directores de Salud Mental de distintas provincias. El debate, entonces, llega a esta nueva etapa con posiciones todavía divididas.
