Extorsión gremial: A la espera del fallo por el bloqueo sindical a una pyme bonaerense

SAN PEDRO | El juicio oral por los bloqueos de febrero de 2021 contra una empresa familiar de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, llegó a su etapa final en San Nicolás y el fallo se conocería el miércoles 14 de octubre, según se informó en una entrevista que uno de los dueños de la firma brindó a Infobae. La compañía, creada en 1989, tenía unos 15 empleados cuando, en la madrugada del viernes 15 de enero de 2021, unas 15 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros cerraron el único acceso al local e impidieron la entrada y salida de los vehículos.

Según el relato del empresario, el conflicto tiene antecedentes de larga data. Contó que desde 2011 el gremio intentó encuadrar al personal, afiliado a Comercio, dentro de su estructura, y que desde 2017, igual que otras empresas de la zona, la distribuidora aceptó abonar una “contribución” mensual. “Para trabajar en paz tenés que poner un sueldo por mes”, recordó que les decía quien se desempeñaba como recaudador del sindicato. Afirmó que las exigencias se renovaron en 2019 y 2020, cuando debieron pasar a siete empleados a Camioneros y aceptar un delegado, lo que, según dijo, derivó en un clima de trabajo imposible de sostener.

Cuando la firma decidió dejar de pagar y presentar una denuncia penal, llegaron los bloqueos. El primero duró un día y el segundo, cuatro, a partir del lunes 22 de febrero, con una casa rodante instalada frente al negocio y camiones de otras empresas ocupando la cuadra. El dueño relató que el 25 de febrero tuvo que participar de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, por videollamada y con el bloqueo todavía en pie, y que aceptó las condiciones del gremio para poder volver a facturar. “Tuve que ir a negociar con la pistola en la cabeza”, afirmó. Ese mismo día, según explicó, llegó a los dirigentes un oficio judicial con una restricción de acercamiento derivada de la denuncia, y el bloqueo se levantó al mediodía.

Meses después, de acuerdo a lo que sostuvo, les reclamaron 500.000 pesos más. La familia filmó la entrega de 393.000 pesos en efectivo, dentro de una caja de chocolatada, y de un cheque por 103.000 pesos, con la intención de dejar rastros que permitieran identificar a quien lo cobrara. Ese material, junto con videos, grabaciones y testimonios, fue incorporado a la causa, según indicó.

El proceso derivó en la detención de dos dirigentes del sindicato en San Nicolás, que permanecen presos desde 2022 y que llegaron a juicio acusados de extorsión y turbación en concurso con coacción. Los fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio pidieron la semana pasada diez años de prisión efectiva para el titular del gremio en esa ciudad, por dos hechos de extorsión y dos de turbación en concurso con coacción. El otro imputado no participó del debate porque a comienzos de septiembre acordó un juicio abreviado, que podría derivar en una pena máxima de seis años y aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano.

El entrevistado en diálogo con INFOBAE también apuntó contra la actuación de funcionarios. Aseguró que, a partir de escuchas incorporadas al juicio, se enteró de que el intendente habría recibido una llamada del dirigente sindical y habría dado instrucciones a la policía local para que se dejara constancia de que no había conflicto. “Es gravísimo”, sostuvo. Sobre la audiencia en el Ministerio de Trabajo, la calificó como un encuentro realizado “en connivencia” con el sindicato. Se trata de afirmaciones del entrevistado que, según indicó, surgen de material de la investigación.

La familia contó además con el respaldo de una abogada que impulsó la causa y se sumó al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, desde donde, según relató, elaboraron protocolos para ayudar a otras pymes. Remarcó que hoy la jurisprudencia considera el bloqueo a una empresa motivo de despido con causa. El fundador de la firma falleció hace dos años y sus hijos lamentaron que no pudiera ver el avance del juicio.

Sobre lo que espera del fallo, el empresario sostuvo: “Huelga, derecho laboral, no justifica bloqueo, extorsión o coima”. Y agregó: “Esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina”. En ese sentido, señaló que seis trabajadores fueron utilizados por los dirigentes y que se les hizo creer que participaban de un reclamo legítimo.

Como contexto adicional, ajeno a la entrevista, la Justicia de San Nicolás dictó la prisión preventiva de ambos dirigentes en 2022, por delitos que incluyen coacción en grado de tentativa y extorsión. En todos los casos, los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme.