Caso bebé de Rancul: el Gobierno defendió su actuación ante la comisión investigadora

La presentación se produjo después de que la comisión, creada por unanimidad el 24 de septiembre, recibiera el testimonio de la familia de contención y avanzara con requerimientos de documentación a distintas áreas del Estado. El 5 de octubre, las legisladoras ratificaron que continuarían con la investigación, luego de responder a las observaciones planteadas por el gobernador Sergio Ziliotto sobre los alcances de la tarea parlamentaria.

El respaldo oficial y las preguntas que siguen abiertas

Durante el encuentro, Bonino sostuvo que el Gobierno presentó un informe escrito que describe el procedimiento de adopción aplicado en La Pampa y afirmó que las actuaciones de su área tienen como prioridad garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. También defendió el desempeño de los equipos técnicos y aseguró que su trabajo fue "profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia".

Sin embargo, el respaldo de los funcionarios a su propia gestión no reemplaza el trabajo de control que debe realizar la comisión. La cuestión central no consiste solamente en determinar si existen normas que regulan los procedimientos, sino en establecer cómo se aplicaron en este caso concreto, qué decisiones administrativas se tomaron, quiénes intervinieron y si se respetaron las garantías correspondientes durante el retiro del niño de la familia de contención.

Bonino también sostuvo que son los funcionarios políticos quienes deben responder ante las legisladoras, mientras que los equipos técnicos se encuentran sujetos a relaciones de dependencia, al secreto profesional y a los deberes de confidencialidad establecidos por las leyes. Añadió que determinadas intervenciones están sometidas a control judicial y quedan fuera del ámbito de actuación de la comisión.

El argumento introduce una cuestión relevante: la confidencialidad debe proteger al niño y a las familias involucradas, pero no puede convertirse en una respuesta general que impida examinar las responsabilidades administrativas de los organismos públicos. La propia investigación legislativa delimitó su alcance para no revisar decisiones judiciales ni intervenir en el proceso de adopción.

Una investigación que debe avanzar sobre las responsabilidades del Estado

La comisión está presidida por Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, y tiene como vicepresidenta a María Silvia Larreta, del bloque FreJuPa. También la integran Gisela Cuadrado, de la UCR, y Noelia Viara, del PRO-MID.

En su etapa más reciente, el cuerpo legislativo había informado que recibió respuestas a requerimientos dirigidos a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud. Además, resolvió convocar a funcionarios de Niñez, integrantes de equipos técnicos y personal policial que intervino en el procedimiento de egreso del niño.

La comparecencia de este martes se inscribe en esa instancia de ampliación de información. Ahora será necesario conocer qué consultas formularon las legisladoras, qué explicaciones brindaron los funcionarios y si las respuestas permitieron despejar los interrogantes planteados a partir del reclamo de la familia de contención.

El caso tomó trascendencia pública luego de que Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, de Rancul, denunciaran presuntas irregularidades en la intervención estatal vinculada al niño que habían recibido en acogimiento temporal. La pareja expuso su situación ante la Legislatura y aportó documentación a la comisión. El conflicto también tuvo una dimensión judicial, con actuaciones que deben mantenerse diferenciadas de la investigación parlamentaria.

Al cerrar su intervención, Bonino insistió en que las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos deben discutirse en otro ámbito y que la tarea estatal debe centrarse en los derechos de la infancia.

Ese principio no está en discusión. Precisamente por la importancia de los derechos invocados, la actuación de los organismos públicos debe poder ser examinada con rigor. Defender el interés superior del niño no exime al Estado de rendir cuentas: también exige explicar sus procedimientos, acreditar que se ajustaron a la ley y asumir las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder.

La comisión no tiene atribuciones para modificar decisiones judiciales ni para resolver el destino del niño. Su responsabilidad es otra: determinar si los organismos provinciales actuaron correctamente y si existen responsabilidades administrativas o institucionales que deban establecerse. El resultado de esa tarea, y no solamente las declaraciones de los funcionarios, permitirá evaluar la actuación estatal en uno de los casos más sensibles que hoy atraviesa la provincia.