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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deje de tramitarse como un presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existió evasión tributaria. La decisión deberá ser resuelta por el juez Ariel Lijo y no implica un sobreseimiento.
El dictamen consideró que no se pudo descartar la explicación de la defensa, que atribuyó los fondos cuestionados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso al Gobierno. Una verificación técnica confirmó el control actual de las billeteras, aunque no permitió establecer quién las administraba durante aquel período ni reconstruir todas las operaciones.
La investigación detectó gastos por US$402.578, de los cuales más de US$374.000 se habrían pagado en efectivo, y una diferencia de $43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones. Entre las operaciones analizadas figuran la compra de una vivienda en un country, un departamento en Caballito, refacciones, viajes y préstamos privados.
Aunque Pollicita consideró que no había elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública, advirtió posibles irregularidades fiscales por la tenencia de dólares y criptoactivos no declarados, diferencias en información presentada ante organismos públicos y operaciones sin respaldo documental.
Por eso, pidió investigar posibles evasiones en Ganancias y Bienes Personales, además de las operaciones de desarrolladores inmobiliarios, contratistas y una escribana vinculados con el expediente. También solicitó analizar compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados y funcionarios del entorno de Adorni.
