LOS PADRES DE AGUSTÍN CRESPO PIDIERON JURY PARA EL JUEZ GERARDO MOIRAGHI

Agustín Crespo murió a los 25 años, el 19 de agosto pasado. Puso fin a su vida por decisión propia. Sus padres lucharon con él desde sus 16 años y no consiguieron que la justicia les extendiera la orden que hubiera permitido internarlo, cuando ya habían agotado la búsqueda de respuestas y toda la familia –la pareja y sus cuatro hijos-, estaba quebrada por el tremendo drama que les instaló la droga.

Los padres de Agustín acusan al juez Gerardo Mario Moiraghi, por esos días juez sustituto luego confirmado como titular, de no atender la gravedad del caso y de responderles en forma equivocada, al interpretar en forma errónea el artículo de la ley que ellos dicen que bien interpretado y con todos los elementos reunidos, hubiera permitido internar a la fuerza a su hijo y brindarle la atención que no tuvo.

En un extenso diálogo con MaracóDigital.net, Abel y Mónica ofrecieron detalles de la denuncia que elevaron ahora contra el juez Moiraghi, para el que piden un jury que lo releve de su cargo y revivieron la tragedia vivida con su hijo, que le dejó profundas marcas a toda la familia y hasta amenazas telefónicas inexplicables, tras la muerte de Agustín.

Por momentos quebrados, emocionados, pero firmes en su convicción de que la sociedad necesita otras respuestas, Abel y Mónica explicaron que hablan en público para dejar en claro que la droga en Pico tiene muchísimas más víctimas de las que la sociedad sospecha y que las respuestas son tan pobres como casi inexistentes para los casos agudos.

No tuvieron palabras gratas para las entidades que se ocupan del tratamiento de adicciones en La Pampa. Sin vueltas, sin tapujos, criticaron con dureza a Guadalupe, Rumen y Naim, donde no encontraron alivio y donde descubrieron carencias puntuales para casos como el de su hijo.

AGUSTÍN

Su adicción a las drogas y al alcohol, llevaron a Agustín a una espiral terrible e interminable de violencia y tratamientos inconclusos. Su muerte, que sus padres entendieron anunciada y pretendieron evitar por todos los medios a su alcance, sobrevino a una profunda depresión pues en sus momentos de lucidez, el joven se manifestaba desesperanzado con las posibilidades de recuperación que había para él.

Abel recordó que Agustín “comenzó a consumir marihuana en el colegio secundario. Al día siguiente que murió vino un compañero de él que me contó que se iniciaron juntos con la marihuana en el colegio al que asistían”.

“En algún momento pasó a la cocaína. A los 19 tuvo su primera internación. Fue en el programa Guadalupe, de Santa Rosa, donde estuvo 5 meses…, pero no resultó. Acá en La Pampa no tenés soluciones para el tratamiento de los chicos… esa es la pura verdad. Por los casos agudos hay que recurrir a Córdoba o Buenos Aires, pero sale mucha plata. En Córdoba el costo era de unos 50 mil pesos por mes”.

“Y cuando fuimos a Córdoba nos dimos cuenta que los profesionales están muy formados y que acá no es así. Acá por cualquier cosita te maltratan. No hay una contención ni para el paciente ni para la familia, que sufre igual que el paciente. Recuerdo que después de transitar por tres lugares de La Pampa, en Córdoba nos dijeron cosas que acá nunca nos dijeron” sobre el abordaje de un adicto.

GUADALUPE

“Guadalupe es terrorífico –define Abel-. Ahí me di cuenta como usan a los pibes… generalmente pibes pobres. Cuando pedían subsidios a la provincia, ¿qué hacían?: Internaban cinco o seis chicos y empezaban a presionar a la Secretaría de Adicciones. En ese tiempo estaba Moro. Presionaban hasta que les daban el subsidio. Cuando lo conseguían, de esos cinco o seis chicos no quedaba ninguno”.

“En los 5 meses que estuvimos con Agustín en Guadalupe vimos que el sicólogo Corro Molas, ex marido de la directora,  ahí atendía sólo a los que pagaban en efectivo. A los demás los atendía un chico… a tal punto que Agustín me decía: papá, esto no me sirve. Porque la única atención para ellos era estar encerrados y medicados. Ninguna otra cosa”.

“Cuando lo fui a sacar de Guadalupe me dijeron que lo fuera a buscar, que Corro Molas me lo iba a entregar. Má que Corro Molas… lo encontré afuera, al lado de una puerta pegada a los tapiales, solo, con su bolsito, esperando. Con Corro Molas no pude hablar nunca, entonces volví a traerlo a Pico”.

“Acá inició un tratamiento sicológico y poco después lo llevé a Naim, que funciona en el Campito Centenario. Fuimos a tres entrevistas y lo aceptaron, pero era de 3 a 6 y tenían cursos de cerámica, de cocina y a él no le gustaba, se aburría… y en dos meses que estuvo sólo tuvo tres entrevistas con los sicólogos… me repetía: “papá, esto no me sirve, si querés yo sigo viniendo, para que vos te quedes tranquilo”. No es para las adicciones graves. Y trabajan de lunes a viernes. El viernes a la noche, los sábados y domingos, que son los días que más expuestos están estos chicos, tenés que estar vos”.

“Yo al principio lo tenía preso a mi hijo… me quedaba charlando con él hasta las 5, 6 de la mañana que se dormía… Pero llegó un momento que me di cuenta que no podía tenerlo encerrado eternamente. Empezó a salir y fue cuando volvieron las recaídas de alcohol y cocaína… y lo transformaban en otra persona”.

“Agustín era un pibe buenísimo, ahora, cuando estaba así, era otra persona. Un día agarró la casa a botellazo limpio. Quedaron muestras de esa violencia, paredes marcadas, la puerta de ingreso rota. Pero una cosa es contarlo y otra vivirlo”.

“Lo saqué de Naim, porque él me lo pedía y otra vez volvimos a la misma historia… El quería dejar, pero no podía… quería, pero no podía. Y tenía recaídas. En varias oportunidades entró intoxicado con cocaína y alcohol en el hospital”.

“Probé de entusiasmarlo por el lado laboral. Pensé: por ahí le faltan proyectos, sueños… Le puse un lavadero de autos, compré las máquinas, todo… Me salió mal, me equivoqué, porque al tener plata tuvo más acceso todavía a las drogas… un día estaba trabajando y le agarró una convulsión. Y otra vez al hospital”.

“En febrero de este año tuvo otro suceso de violencia y se desmayó. Estuvo 17 horas en la guardia del hospital. Le hicieron lavajes de estómago pero no lo querían derivar a Salud Mental. Y no era un problema menor. A partir de la nueva ley 26657, el problema de las adicciones es un problema de Salud Mental. Durante esas 17 horas intervino un equipo de médicos clínicos y todo eso y después le querían dar el alta. Mónica movió cielo y tierra para que no le dieran el alta y consiguió que le dijeran que lo iban a dejar de domingo a martes”.

“Iniciamos entonces los trámites para llevarlo a un instituto de Córdoba y mientras tanto nos llamaban a cada rato de Salud Mental para preguntarnos cuando lo sacábamos… querían sacárselo de encima… Es que por más que la ley esté, ellos entienden que el tema de las adicciones no es un tema de ellos”, dice en alusión a los profesionales que se desempeñan en el área de Salud Mental del Centeno.

Y al respecto, Abel ofrece un dato contundente. “El área de Salud Mental debe tener unas 27 camas. Tiene un buen patio, una sala de tv, mesas donde comen, hacen talleres… Y con la problemática grave que hay en Pico, internados hay sólo dos o tres, mientras los siquiatras privados no dan abasto con la cantidad de casos que atienden. Es evidente que no está funcionando de acuerdo a las necesidades”.

El juez Gerardo Moiraghi -izquierda-, cuando asumió como titular del Juzgado Civil 2.

RUMEN

“En Rumen yo perdí la cuenta de la cantidad de entrevistas que nos hicieron –repasó Abel-. Creo que fue desde 2016 hasta fines de 2017. En una parte se interrumpió el proceso porque quedaron en llamarnos para darnos un turno… y nunca nos llamaron. Tuve que volver a preguntar qué había pasado. Bueno, volvieron las entrevistas. Y un día, porque yo lo veía mal a mi hijo, fui y les dije: escúchenme, mi hijo se está muriendo. Hasta cuando las entrevistas. Entonces dije que iba a ir a una Comisaría a hacer una denuncia y a contar todo este periplo. Cuando les dije eso, ahí lo internaron”.

“Y me encontré otra vez con lo mismo. 4 o 5 internados, todos tranquilitos y la cantidad de gente que yo vi buscando soluciones para sus hijos, adentro no los vi. El mecanismo de entrevistas para la gente que trabaja es agotador y la mayoría se cansa y no vuelve. Y mientras tanto el chico va empeorando”.

“Lo internaron (en Rumen). Cuando se frena el consumo de cocaína se presentan consecuencias que hay que atacar. La primera son las convulsiones. La irritabilidad.  Le siguen alucinaciones suicidas. El paciente, si no está medicado, entra en un cuadro de depresión aguda. De hecho, Agustín convulsionó adelante del doctor Scafidi estando en Rumen. Fue muy fuerte. Se golpeó la cabeza y le quedaron síntomas neurológicos”.

“Con el tema de la irritabilidad, en Rumen, Agustín se enojaba. Me llamaba y me decía: papá vení a buscarme. En medio de la noche allá iba yo. Hablaba con el operador, que me decía que ellos trabajaban con la voluntad de las personas. Si un interno le decía que se quería ir, le tenían que abrir la puerta. Y yo tenía que volver con Agustín a mi casa. Estuvo menos de un mes en Rumen”.

CÓRDOBA

“A Córdoba fuimos porque en La Pampa ya no nos quedaba más nada. Estuvo un mes. Es un lugar excelente, nos dieron contención, todo… pero es un Centro libre de humo. ¿Qué pasó? Casi el cien por ciento de los chicos que son adictos fuman. Agustín no pudo con el cigarrillo. Aguantó un mes y al mes se nos volvió”.

“Otra vez acá. Y otra vez lo mismo. No era una internación obligada. Tenía la posibilidad legal de salir cuando quería.
Yo le dije a Agustín: hijo, yo quiero que estés un tiempo internado para que te recuperes. El tiempo necesario. Yo no te quiero ir a llorar a una tumba. Porque yo ya veo como va a terminar todo esto. Y no. Seguíamos con estas idas y vueltas…”

“Porque cuando se volvió de Córdoba, Mónica fue a la justicia y les comunicó que había dejado la internación”.

En este punto ambos recuerdan que la ley dice que a una persona en esas condiciones se la debe internar por la fuerza pública si fuera necesario, hacerlo controlar por un equipo de especialistas y determinar sobre la marcha.

“El juez Moiraghi no lo hizo, no lo hizo. Entonces mi hijo siguió sin medicación, sin nada”.

En este punto, Abel y Mónica recordaron que el juez se hizo eco del informe de profesionales del Centeno que lo habían atendido en una urgencia, cuando el tema de fondo era el que conocían bien las entidades por las que había pasado.

Figura en el expediente el informe de Rumen, en el que se especificó que “al momento se encuentra en internación domiciliaria, transitoria y riesgosa, debido a su reincidencia, condición que evaluamos de alto riesgo para su integridad o la de terceros. Sostenemos que el abordaje de un tratamiento residencial es la única alternativa posible para iniciar su recuperación. En tal sentido este equipo valora la necesidad inminente de una internación involuntaria por un período no menor a seis meses”.

En el mismo documento, firmado por el doctor Daniel Scafidi, responsable de Rumen, consta que Agustín en ese momento era considerado “dependiente a la cocaína” y que cometía “abuso de marihuana, abuso de hipnóticos, sedantes y ansiolíticos”.

“Hubo dos informes así –aclararon-. Uno de Rumen y otro de Salud Mental”, que dieron cuenta del grave estado de Agustín. “Las abogadas efectuaron múltiples presentaciones. Nunca nadie nos recibió. Nunca nadie nos llamó de la justicia”.

RESOLUCIÓN

La respuesta que les dio Moiraghi, que nunca los recibió en persona, refleja de parte del juez una interpretación en las antípodas del artículo de la ley según el espíritu que entienden los padres persigue la creación de esa herramienta legal.

O si no, revela que el juez Moiraghi no sólo no recibió a los Crespo sino que tampoco se enteró de la realidad de la situación sobre la que debía resolver.

Porque su resolución, además de las formas legales, dice que “en  relación a lo solicitado (…) el Código Civil y Comercial de la Nación contempla como impedimento legal que el órgano judicial disponga una internación involuntaria de una persona, ya que esta medida sólo está concebida como un recurso terapéutico excepcional siempre y cuando el tratamiento ambulatorio no sea de por vida y solamente a criterio de un equipo interdisciplinario de salud y ante la existencia de alguna situación de riesgo inminente o cierto”.

La negrita nos pertenece. Porque es precisamente lo que la familia Crespo estaba sufriendo, sin que el juez ahora denunciado se percatara de ello.

“El juez nunca hizo lugar a nuestros pedidos –repiten ambos-. Ni la historia clínica pidió. Nuestras abogadas solicitaron se cite a conocidos profesionales que lo atendieron para dar fe de la gravedad de su estado. Tampoco se oyó ese reclamo”.

El expediente termina con una ironía tan terrible como todo el caso. Como a Agustín se le designó abogado defensor, también se dio intervención a la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica. La lenta burocracia hizo que la familia Crespo recibiera la cédula para que Agustín compareciera en Santa Rosa el 6 de setiembre de 2018 a las 9,15 horas.

“El 6 de setiembre –repite Abel con todo el dolor del mundo sobre sus hombros-. Mi hijo se suicidó el 19 de agosto”.