La Sala C del Superior Tribunal de Justicia rechazó in límine la demanda contencioso-administrativa interpuesta por el médico forense, Juan Carlos Toulouse, para que se le anule una sanción de multa del 50 por ciento de su remuneración como funcionario.
Judiciales 29 de marzo de 2023
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La resolución fue dictada por los ministros José Roberto Sappa y Eduardo Fernández Mendía, presidente y vocal de la Sala, respectivamente, quienes expresaron que “se está manifiestamente ante una situación de improponibilidad objetiva de la pretensión (de Toulouse), debido a que la Sala C se encuentra absolutamente imposibilitada de juzgar la validez o invalidez de la resolución del juez perteneciente al fuero penal”.
Ocurre que la multa le fue aplicada por el juez de control, Raúl Miguez Martín, a Toulouse en el legajo donde el médico Jorge Luis Rigutto está imputado de abuso sexual con acceso carnal. La sanción fue por su desempeño como perito médico forense en esa causa penal.
“La resolución que impuso la multa fue dictada por el juez en ejercicio de su función jurisdiccional y en el marco de un proceso penal y con fundamento en el artículo 211 del Código Procesal Penal de La Pampa. En consecuencia, su pretendida revisión será válidamente posible por las vías impugnativas y ante los órganos jurisdiccionales establecidos en el mismo CPP”, señalaron Sappa y Fernández Mendía.
Ese artículo indica que “el perito o experto deberá guardar reserva de todo cuanto conociera con motivo de su actuación” y añade que “el juez que la hubiere dispuesto podrá aplicar medidas disciplinarias a los peritos por negligencia, inconducta o mal desempeño, y aún sustituirlo sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder”.
Ambos ministros del STJ manifestaron que, una vez ingresado el expediente, le correspondía a la Sala C pronunciarse sobre la demanda contencioso-administrativa y agregaron que en el análisis de admisibilidad debían tenerse en cuenta dos aspectos, uno formal –implicó “verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Procesal Contencioso Administrativo”– y otro de proponibilidad –lo cual importó “la necesidad de tener una mirada de mayor profundidad y perspectiva”–.
Como Toulouse pretendía que se declare la nulidad de la resolución del juez, la Sala C afirmó que “ese acto procesal tiene claramente una naturaleza jurisdiccional y no un carácter administrativo susceptible de revisión judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo”. Por eso habló de una imposibilidad absoluta de juzgar lo dispuesto por Miguez Martin.
“Resulta evidente, entonces, que el objeto en que se sustenta la pretensión de la parte actora se presenta jurídicamente improponible por la vía del proceso contencioso-administrativo (…) En situaciones como la presente, en que la improponibilidad de la pretensión resulta manifiesta, el rechazo aparece procedente, pues el órgano jurisdiccional debe no solo examinar ‘in limine’ el contenido de la demanda; sino también vigilar para que el resultado de la actividad jurisdiccional resulta útil”, añadieron los ministros.
La Cámara Nacional de Casación Penal ha emitido un fallo histórico respecto a las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el desvió de información del atentado en el edificio de la mutual de la AMIA, reafirmando el sentido de justicia para las víctimas y sus familiares, tras casi treinta años del ataque.
El acusado embistió con su auto a la víctima luego de una discusión en un bar, a raíz de las lesiones sufridas debieron amputarle una pierna. La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a C. A. Fredes, de 26 años, como autor del delito de lesiones gravísimas culposas, agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; a tres años de prisión en suspenso y tres de inhabilitación para conducir vehículos automotores.
La Audiencia de Juicio de General Pico absolvió hoy a Dalila Milagros Godoy, por el beneficio de la duda, del delito de homicidio calificado por el vínculo, en estado de emoción violenta, en perjuicio de su hijo recién nacido y dispuso su inmediata libertad.
Durante un acto organizado en el Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a cuatro funcionarias que asumieron sus cargos como sustitutas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
Franco Catalani, uno de los abogados que patrocina a clientes de planes de ahorro, resaltó el fallo de la jueza Adriana Pascual, del Juzgado Civil 5 de Santa Rosa. “Ganaron los ahorristas de automotores en La Pampa”, dijo. En forma directa este beneficio alcanza a unos 1500, pero podrían sumarse más.
El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser la última que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.
El terrible y lamentable suceso ocurrió en plena fiesta que se desarrollaba en un local de General Pico a las 5:10 de la madrugada. Dos ambulancias acudieron al lugar. Los profesionales le realizaron maniobras de RCP por más de 50 minutos, pero todo fue inútil.
Una mujer y una niña fueron hospitalizadas tras caer de la moto en la cual se movilizaban por la calle España, en el tramo adoquinado frente al municipio local, al costado del mástil de la bandera. Fue por una falla mecánica en el rodado.
Los restos de Omar Cabrera fueron encontrados dentro de una bolsas en la localidad de Las Rabonas, Córdoba.
La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), el principal sindicato de los docentes pampeanos, ratificó su adhesión al paro nacional del jueves 9. De esa manera, se descuenta, en la mayoría de las escuelas no habrá clases.
El Dr. Emiliano Bazar, encargado del Registro de la propiedad del Automotor de Realicó, se refirió a la situación de las entidades registrales, admitió la tensión con el Ministerio de Justicia de la Nación del cual dependen y aseguró que el funcionamiento de los registros no le genera gastos al Estado.
