NUEVO ESPACIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE GENERAL PICO
El acto, coincidente con el 115° aniversario de la localidad, estuvo encabezado por el gobernador Segio Ziliotto, acompañado de los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, la intendenta Fernanda Alonso, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, la Jueza de Paz, Graciela Sánchez, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Bensusán se refirió al nuevo espacio del Registro Civil estimando que su concreción “era una necesitad de los vecinos de la localidad y de la zona, que venían a hacer trámites al Registro Civil y al Juzgado de Paz, y también obviamente para todo el personal que trabaja allí. La verdad que éste es un edificio de punta con una estructura moderna y cómoda”.
“Desde el Gobierno provincial siempre tratamos de agilizar los trámites para los vecinos con lugares cómodos y accesibles. Frente a la situación epidemiológica sanitaria que estamos viviendo, esto obviamente ayuda”, añadió.
El ministro comentó que se está trabajando con los funcionarios del Registro Civil y del Superior Tribunal de Justicia, para que las nuevas oficinas comiencen a funcionar cuanto antes.
“Tenemos un horizonte claro, que es seguir garantizando el acceso a derechos. Nos ayuda mucho al proceso de descentralización que llevamos adelante, acercando servicios a los vecinos. Por lo general hacemos convenios con los Municipios de las distintas áreas que tenemos en el Ministerio, para tener una especie de oficinas o delegaciones. Articulando con empleados municipales para que podamos dar respuestas a los pampeanos, cerca de donde viven”, dijo.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.