En San Juan, “en la zona de Sarmiento, se detectaron 140 trabajadores traídos desde el norte del país por personas sin escrúpulos par la cosecha del olivo", según informó el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, a través de un comunicado.

El dirigente agregó que esas personas "estaban viviendo en condiciones infrahumanas y de extrema vulnerabilidad, entre los cuales había 11 niños. Dormían hacinados en boxes de dos metros por uno y medio, sin agua potable, sin baño y varios de los trabajadores habían contraído sarna".

"Todavía hoy a esta altura de la historia hay quienes dicen que exageramos cuando decimos que hay explotación laboral y trata de personas en el campo”, agregó.

Según explicó, los trabajadores "desempeñaban sus tareas en varios establecimientos, lo que significa que la responsabilidad de su situación no es sólo del cuadrillero, como se denomina a quien sale a buscar trabajadores a otras provincias, aquí también le cabe responsabilidad a los productores, a las empresas y al propio gobierno provincial, quien debe ejercer en primera instancia el poder de policía de trabajo”.

En tanto, en Corrientes, "trabajadores forestales traídos desde la provincia de Misiones se encontraron en condiciones calamitosas, sin cobrar salarios desde el mes de enero, al borde de la desesperación, al punto que cuando llegaron los inspectores lo primero que hicieron fue pedirles comida porque estaban en estado de inanición, en medio de la plantación y sin comida por varios días”, indicó Voytenco.

“Estos operativos, realizados en dos provincias y en actividades distintas, tienen el común denominador de la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo infantil”, remarcó y sostuvo que desde la Uatre "no vamos a dejar de luchar contra esta vergüenza nacional que es el trabajo en negro en el campo argentino”.

El dirigente gremial destacó la presencia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)) en los rastrillajes y de Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra las Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en las denuncias del caso.