Al respecto Fonseca manifestó que  “lo que sucedió en la localidad de Victorica, no es un fallo judicial, se trata de una gravísima injusticia institucionalizada o legitimada por el ámbito judicial, la declaración de los derechos del niño tiene un determinante fundamental para  toda la sociedad donde debe primar en todos los temas el interés superior del niño.” 

“Acá se tuvo en cuenta fundamentalmente el interés de la persona que perpetró el aberrante hecho, invocando aspectos económicos del ejercicio de una profesión, que incluso por ese conocimiento le daba la dimensión de la gravedad de los hechos, no habiendo situaciones de ignorancia o desconocimiento sobre el daño que le causaría a la familia, a la cual también con dinero, (como lo expone Gianinetto) tenía una acción sobre la misma no de protección sino de dominación. Es evidente que han influido cuestiones corporativas, como  la de compartir una misma profesión en términos de relaciones, han llevado a que prácticamente quede impune un hecho de esta gravedad”  cuestionó.

En igual sentido, la legisladora expresó: “corresponde señalar que Gianinetto si bien ingresó al cargo donde produce esta aberrante conducta institucional por el camino de la Constitución, anteriormente lo había violado al aceptar ella que el ambiente político de turno la designara como sustituta. Esto lo  hemos manifestado muchas veces, quien ocupa un cargo sustituto, sustituye a la Constitución con engaños a la población, con un concurso en  el Consejo de la Magistratura que no tiene absolutamente nada que ver con lo determinado constitucionalmente.” 

La diputada de Comunidad Organizada cargó duramente contra la jueza al señalar: “Cuando la abogada María José Gianinetto ingresó como concursante le dieron el máximo puntaje para estar en la localidad de Victorica por haber sido sustituta, pasando por arriba a muchos otros postulantes que no habiendo sido sustitutos no pueden llegar a ese máximo. Por ello en la Cámara de Diputados fui la única que no votó a esta persona que aceptó también un acto aberrante contra el estado de derecho para colocarse en un cargo, una cosa es el poder judicial y otra es la justicia fundamentalmente cuando existe una victimización de niñas , niños y adolescentes.” 

“Con este caso  se advierte una de las consecuencias de subordinar a personas con los cargos de sustitutos agraviando a la propia justicia” Concluyó Fonseca.