El Gobierno promulgó la Ley 27.634 de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que distribuye entre las provincias $ 70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

Lo hizo a través del Decreto 442/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que puso en vigencia la normativa aprobada el 10 de junio último por la Cámara de Diputados.

El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre del año pasado por el Presidente y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de $ 70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central del acuerdo está vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.