El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez solicitó una audiencia con el presidente Alberto Fernández para hablar del proyecto de construcción de la represa Portezuelo del Viento, proyectada sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado. Los funcionarios y medios mendocinos insisten en decir que el Presidente debe laudar en el diferendo que ocurrió en junio del 2020, cuando cuatro provincias (La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) se opusieron en la reunión del COIRCO a la construcción de la represa sin tener antes el estudio de impacto ambiental. Hace unos días, el Gobierno Nacional dejó en claro que Suárez nunca inició formalmente el pedido de laudo presidencial y los plazos para hacerlo están vencidos. 

El portal MDZol, publicó la versión oficial del gobierno mendocino al decir que "la obra Portezuelo del Viento se encuentra licitada y la adjudicación no avanza debido a la falta de resolución del laudo por parte del presidente de la Nación. Muchos empresarios y referentes del sector político dan por caída la obra que consta de 1.023 millones de dólares que deben aplicarse a Portezuelo. Sin embargo, desde la provincia insisten en avanzar con las negociaciones que permitan adjudicar la megaobra". 

El ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza, Víctor Ibáñez explicó: "El gobernador Suarez solicitó una audiencia al presidente para que se avance con el laudo, ya que no quiere perjudicar a los adjudicatarios ni a ningún mendocino". Y agregó: "El gobernador es consciente de que la ausencia del laudo genera dudas, adjudicar Portezuelo con incertidumbre jurídica puede tener un efecto muy negativo para la provincia".

Ibáñez dijo que "a la nación se le vencieron los 30 días para contestar. Ellos tienen que dar una respuesta ya que el procedimiento está establecido de esa forma". Lo que no dijo el funcionario, y tampoco el portal ,es que  ministro del Interior, Eduardo de Pedro, respondió el pronto despacho de Suarez. Le dejó en claro que el Gobierno de Mendoza no hizo una presentación formal para iniciar el requerimiento del laudo presidencial. Desde La Pampa interpretan que al estar vencidos los plazos para solicitar el laudo arbitral del Presidente, está firme la resolución que votaron cuatro gobernadores (La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) para que se haga el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Esto nunca se hizo porque Mendoza se negó y sólo presentó un estudio de impacto ambiental dentro de su provincia. 

A partir de la dilación que tiene el proyecto, el propio Suárez admitió la posibilidad de dejar de lado Portezuelo y activar un "plan b", que comprendería usar los 1.023 millones de dólares en otras obras hídricas que mejoren la eficiencia del riego en Mendoza.