El Gobierno anunció que trabaja en una iniciativa para regular “el bueno uso de las redes sociales”. Lo adelantó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social.

“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, dijo Beliz y anticipó que ya “estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

El secretario de Asuntos Estratégicos anticipó también que junto al Gobierno se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para “pensar y proponer estas iniciativas” para definir lo que desde el oficialismo llaman “el bueno uso de las redes sociales”.

“Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”, se detalla en la web del Consejo.

Al mismo tiempo, sostiene que “busca aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”.

La iniciativa contemplas, además, un foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación, un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet y un panel trasnacional de especialistas en ciudadanía digital. En el primero analizan “la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio. Reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad”.

Redes Para El Bien Común

“Con ese fin, desde el programa Redes para el bien común se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en 5 regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense”, detallaron oficialmente.

El objetivo es recuperar una mirada amplia, federal y plural, para promover un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”. De este modo, invitarán a participar a sindicatos de prensa; docentes, investigadores y estudiantes universitarios; asociaciones civiles; organizaciones de DDHH; profesionales; funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales; asociaciones de medios de comunicación; cámaras empresarias; dueños, directivos y/o representantes de medios de comunicación y a la comunidad en general.

Sobre el “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, aseguraron que se trata de “un compromiso de responsabilidad compartida para crear entornos digitales respetuosos que refuercen los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y aseguren el mayor grado posible de veracidad de la información que circula en redes y plataformas digitales”.

El objetivo es lograr la colaboración del sistema político argentino, de las empresas de medios de comunicación, de las y los periodistas, de las plataformas de contenidos digitales y de las empresas verificadoras de contenido, en la lucha contra las expresiones de odio, la desinformación y las noticias falsas que se propagan a través de la web.

También habrá un panel trasnacional de especialistas en ciudadanía digital compuesto por miembros nacionales e internacionales, con una participación de carácter ad honorem, de diferentes campos académicos y reconocida trayectoria profesional convocados por el CES en función de sus conocimientos y antecedentes.

Su objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.