El Gobernador de La Pampa analizó la situación política generada a raíz de los dichos de Ernesto Franco en una comisión legislativa sobre el contrato de alquiler de equipamiento de Pampetrol en el área Medanito. Ante los y las legisladoras el ministro de Hacienda explicó que el arriendo se hizo para pagar menos impuestos nacionales.

Cerca del mediodía de este miércoles el bloque del Frente Justicialista Pampeano analizó la situación de Franco con el Gobernador Ziliotto.

El portal capitalino, Plan B publicó que fuentes consultadas indican que el juicio político no es una de las “opciones” y se consultará al Tribunal de Cuentas.

El organismo de contralor entra en escena porque los actos cuestionados, primero por Comunidad Organizada, y luego por el resto de la oposición, ya fueron “visados” por el tribunal que comanda la integrante de Propuesta Federal, María Alejandra “Marita” Mac Allister.

“Se lo va a convocar al Tribunal de Cuentas”, soltó una fuente consultada por este medio.

“No hay nada que haga que el juicio político sea una opción”, agregó otra persona consultada.

La acción surgida de la reunión cuenta con el aval de todos los y las integrantes de la bancada del FreJuPa.

Hasta el momento el diputado Francisco Torroba anunció la presentación de un pedido de juicio político y Juan Carlos Passo, también radical, aguarda que un integrante de la Legislatura tome su denuncia y la impuse.

El propio Torroba, durante la reunión de comisión en la que se escuchó de Franco la frase “vamos todos presos” en alusión a que el contrato fue aprobado por los 30 legisladores y legisladoras, dice que “no es evasión” y afirma que sería “elusión”.

A los pocos días, Comunidad Organizada presentó una denuncia en la FIA el 31 de marzo solicitó la interpelación de Franco.  Por el momento, ni los opositores más duros, hablan de delito, pero consideran que las palabras del integrante del gabinete de ministros merecen un juzgamiento político.