Según el oficialismo, en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), “los operadores difieren el momento en que se pacta la venta, de aquel en que efectivamente se concreta (es decir, se embarca) la exportación. Entre uno y otro evento puede pasar un año, pero el Estado cobra el derecho de exportación según los precios vigentes al día de la declaración. Y las grandes multinacionales del rubro aprovechan ese colchón temporal para quedarse con la parte del león en la puja extractiva”.

En otras palabras, de acuerdo al proyecto K, si los operadores declaran la venta de una cantidad de un commodity a un precio, por ejemplo, de 400 dólares, y concretan la venta un año más tarde, a un precio de 800 dólares, solo tributan retenciones sobre el valor de 400 dólares.

“Queda una ganancia extraordinaria y especial en la empresa exportadora, producto de separar las fechas de la declaración de venta de aquella de la efectiva exportación”, señala el texto de Oscar Parrilli.

Con la nueva norma, se tomaría el valor más alto: sea el de la declaración jurada, si los precios bajan, o el de la concreción de la exportación, si los precios suben desde la declaración.

“No está consultado con Batakis, no hay mucho para consultar, no causa nada grave, ni compromete divisas, al contrario, permite una mejor y mayor recaudación”, señalaron fuentes parlamentarias del oficialismo. No se descartaba, sin embargo, que se pudiera invitar a la ministra para conocer su opinión durante el debate en las comisiones.

El proyecto oficialista llega en un momento de tensión con el sector agropecuario. En los últimos días, la Mesa de Enlace el cese de comercialización de granos y hacienda y las protestas que el campo tiene previstas para el 13 de julio.

Fuente: TN.