El Gobierno reconoce que no podrá terminar el plan de 55 mil viviendas que prometió para 2023
“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”. Con esa frase, el presidente Alberto Fernández prometió en mayo de 2021 finalizar unas 55 mil viviendas en todo el país que, según el Gobierno actual, se abandonaron durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de un plan con un presupuesto de $110.000 mil millones.
Fue así como tomó vida el programa Reconstruir, una iniciativa bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial que conduce Jorge Ferraresi que hasta el momento no logró los resultados esperados: a más de un año de su implementación el número de casas terminadas es muy bajo.
Los retrasos en esta iniciativa ya habían sido revelados en abril pasado, pero ahora nueva documentación demuestra que el Gobierno sabe que no podrá culminar todas las viviendas prometidas antes de que termine el mandato de Alberto Fernández, sumido ahora en una grave crisis tras la renuncia de Martín Guzmán.
El Gobierno reconoce que no terminará las viviendas que prometió
De las 55.000 casas que Alberto Fernández dijo que iba a terminar en su gestión a través del programa Reconstruir, solo están listas 780 viviendas (datos actualizados al 1 de mayo) y para este año el Gobierno planifica terminar 6352 y otras 10.401 en 2023, es decir, el 30,46% del total de las construcciones que se prometieron.
Los datos fueron proporcionados por el propio Ministerio de Desarrollo Territorial en respuesta a otro pedido de acceso a la información pública de TN.
El Gobierno reconoce que estas no estarán listas antes de que termine la gestión de Fernández y que “la meta es intentar dar inicio a la construcción del 70% de estas 18 mil casas entre 2022 y 2023″. En los documentos no se especifican fechas sobre cuándo empezarían las obras. En otras palabras, el propio Ministerio no puede garantizar siquiera que comiencen a reconstruirse estas 12.600 casas.
El 30% restante, unas 5400 viviendas, tienen -según el Ministerio- una situación de “alta complejidad”, ya que fueron usurpadas o hay conflictos legales sobre la titularidad de las tierras.
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