HORROR EN LA PAMPA: UN PADRE VIOLÓ A SUS HIJAS BIOLÓGICAS POR DIEZ AÑOS.
El Juez Carlos Alberto Besi hizo lugar a pena solicitada por el Fiscal y condenó al abusador a 15 años de prisión de efectivo cumplimiento. También, el Dr. Martos pidió que se le imponga prisión preventiva domiciliaria o subsidiariamente la prisión con mecanismo de vigilancia electrónico hasta la finalización del proceso, debido a que el acusado tiene los medios y lugares para darse a la fuga.
La calificación legal que le corresponde por uno de los casos es: abuso sexual gravemente ultrajante tanto por su duración como por las formas concretas de realización y con acceso carnal, cometido mediante violencia y amenazas, agravado por haber sido cometido por el ascendiente, como delito continuado. Con respecto a la del otro hecho: abuso sexual en su figura básica por ser la víctima menor de 13 años, cometido mediante violencia y amenazas, agravado por haber sido cometido por el ascendiente –en dos oportunidades-, los que concurren en forma real entre sí.
Las dos causas concursan en forma real entre sí, debiendo el imputado responder en calidad de autor.
Ambas víctimas fueron abusadas sexualmente por su progenitor reiteradas veces, mediante amenazas y agresiones físicas y verbales. Esas situaciones se repitieron en el tiempo por un lapso aproximado de 10 años.
El Dr. Martos fundamentó la pena que pidió para que se le imponga a este hombre, basándose en la pluralidad de los hechos, las edades de las víctimas, las circunstancias de modo y tiempo de comisión, la participación activa con una única intención (satisfacer su libido) y las graves e irreparables secuelas psicológicas que le provocó a las jóvenes.
Prensa MPF
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.