El ciudadano ruso que es buscado por Interpol y fue retenido en Ezeiza por las autoridades de Migraciones decidió hoy pedir asilo político ante la posibilidad que sea rechazado un habeas corpus. A través de su abogada, Liliana Borsiuk, Valentin Kazantsev hizo la presentación ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para bloquear su expulsión del país.

El juez federal Luis Armella, que está subrogando el juzgado federal de Lomas de Zamora, resolvió el sábado a última hora que el ciudadano ruso debía abandonar el país de manera inmediata y le ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo subiera a un avión de regreso a Moscú, pero luego Kazantsev presentó un habeas corpus. “El planteo es que no quiere ir a la guerra y ya presentó todos los argumentos correspondientes para que sean analizados y tenidos en cuenta”, dijo una fuente judicial.

La audiencia por ese habeas corpus se realizó esta mañana y ahora se aguarda la decisión de la Justicia.

No obstante, ante la posibilidad que el habeas corpus sea rechazado, la abogada de Kazantsev fue ante la CONARE a través de un escrito de apenas una carilla. El trámite debe pasar por el Ministerio de Justicia, Cancillería, INADI, y el Ministerio del Interior, por lo que puede demorar hasta un año, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Kazantsev tiene un alerta naranja de Interpol por un pasaporte robado. Pero los abogados que lo representan aseguran que hay un mal entendido. “Aparentemente Kazantsev perdió el pasaporte y luego lo volvió a encontrar, por eso su nombre quedó con el alerta naranja de Interpol. Hay que entender que uno al escapar de un país en guerra escapa con lo que tiene. En la situación en la que está podría viajar con un papel de apatriado. El Tratado de Palermo establece que no puede ser perseguido penalmente una víctima y el artículo 32 del Tratado de Refugiados establece que no puede ser devuelto”, explicó el abogado Rubilar Pansiuk a Infobae.

El arribo de este hombre de 38 años ocurre en medio de un fenómeno denunciado por el periódico inglés The Guardian, que puso la lupa sobre una tendencia que se disparó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a las que están sujetos los ciudadanos del país agresor, aunque por el momento no se sabe si el sujeto está vinculado con las organizaciones ilegales que les cobran USD 35 mil a las embarazadas para que puedan parir en la Argentina y conseguirle documentación falsa para lograr la doble ciudadanía.