Comerciante de Castex, condenado por distribuir videos de explotación sexual infantil
El caso se resolvió a través del procedimiento de juicio abreviado suscripto por la jueza de control María Paola Frigerio, el fiscal actuante Cristian Casais, el defensor Marcelo Steinbauer y el propio imputado, que reconoció la existencia del hecho que se le imputó.
En la investigación judicial quedó probado que el acusado tenía en su teléfono videos y fotos de menores de 18 años de edad en actividades sexuales, y que ese material lo distribuyó entre los años 2020 y 2022.
El dispositivo fue secuestrado por la Policía el 15 de noviembre de 2022 en un allanamiento en su domicilio, en Eduardo Castex.
Además de los tres años de ejecución condicional, por dos años deberá fijar residencia y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal y deberá someterse a un tratamiento psicológico, el cual podrá ser realizado en el ámbito público o privado,
Este tipo de investigaciones surgen a través de monitoreos que se realizan desde una central que funciona en Estados Unidos y que detecta el tráfico de material pornográfico prohibido en la web.
Cada vez se sube a la web un archivo con contenido sospechoso, se enciende un alerta de inmediato el Centro Nacional de Chicos Desaparecidos y Explotados (NCMec) de la ONG norteamericana Missing Children.
Inmediatamente se activa su sistema de rastreo de explotación sexual infantil, que reporta cada imagen donde haya un 80% de desnudez o más. El potente software capta la dirección IP desde donde fue emitido o descargado ese material.
Todos los días la organización envía a cada país un paquete de reportes recibidos dentro de su territorio, con el fin de que la justicia local investigue a los usuarios y determine si se cometieron delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
A nivel nacional el organismo que recibe los reportes es la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos, en la ciudad de Buenos Aires. Esta dependencia es la única en el país que se dedica de manera exclusiva a delitos informáticos y trabaja con la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.
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