Casación confirmó la condena a Guillermo Moreno por manipulación de índices del INDEC
NACIONALES | La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la condena contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por su intervención en la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre los años 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La Sala II del máximo tribunal penal federal del país, con los votos de los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2, que había impuesto una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. El magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia.
Moreno fue hallado culpable por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. La única instancia que resta para una eventual revisión de la sentencia es la Corte Suprema de Justicia. Si el fallo queda firme, el exfuncionario quedará automáticamente inhabilitado para ejercer cargos públicos.
La fundamentación del fallo
La jueza Ledesma sostuvo que el tribunal oral "merituó con fundamento" las pruebas reunidas y subrayó el "marcado interés" de Moreno en interferir en el funcionamiento del INDEC, a pesar de que el organismo no dependía de su órbita directa.
Durante el juicio se comprobó que los funcionarios del INDEC debieron adoptar medidas excepcionales para proteger el secreto estadístico, debido a constantes presiones y requerimientos por parte de Moreno, quien buscaba conocer la identidad de los informantes y las marcas de productos utilizadas para elaborar el IPC.
Ledesma remarcó que varios técnicos abandonaron el organismo, muchos de ellos con licencias prolongadas, y que las empleadas mujeres fueron especialmente afectadas por destratos y desplantes del entonces secretario de Comercio.
Con este fallo, Casación sienta un precedente en relación con el uso político de estadísticas públicas y reafirma la autonomía técnica de los organismos de medición estatal.