Provinciales Por: INFOtec 4.027 de mayo de 2025

La Pampa exige a la Corte Suprema que resuelva el reclamo por fondos previsionales retenidos

El gobierno provincial reiteró su pedido al máximo tribunal para que convoque a una audiencia de conciliación con la Nación, advirtiendo sobre la gravedad institucional y el impacto en la autonomía financiera y el sistema previsional pampeano.

Romina Schmidt, Fiscal de Estado.

El Gobierno de La Pampa presentó dos nuevos escritos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir una pronta resolución en la causa por la inconstitucionalidad de la retención de fondos previsionales que le corresponden a la provincia. La presentación fue realizada por la fiscala de Estado, Romina Schmidt, quien renovó el pedido de convocatoria a una audiencia de conciliación, solicitud que ya había sido efectuada el 8 de octubre de 2024 y que aún no fue respondida por el tribunal.

En los documentos, Schmidt remarcó que la naturaleza del proceso y la relevancia de los intereses comprometidos —que involucran directamente la sustentabilidad del sistema previsional pampeano— justifican la necesidad de establecer un espacio de diálogo institucional. La fiscala subrayó la importancia de que participen funcionarios del Estado Nacional competentes en la materia, con el fin de explorar soluciones consensuadas en un marco de buena fe procesal, lealtad federal y cooperación entre niveles de gobierno.

Además, se insistió en que el caso tiene una dimensión estructural, ya que afecta directamente la autonomía financiera de la provincia. En ese sentido, se consideró esencial abrir instancias de diálogo previas al avance del litigio, en línea con precedentes del propio tribunal en causas de similar relevancia institucional.

Finalmente, el gobierno pampeano recordó que el planteo judicial fue formulado en estricto cumplimiento de los principios que deben regir las relaciones jurídicas entre la Nación y las provincias, especialmente cuando están en juego regímenes previsionales no transferidos que garantizan derechos fundamentales y el ejercicio de la autonomía local.

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