La gravísima y letal denuncia contra Milei por el cierre de Vialidad: “Habrá rutas de la muerte”
El Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. “Moriremos todos en las rutas argentinas, es una vergüenza", dijo la jefa del gremio, Graciela Aleñá.
Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de generar “rutas nacionales de la muerte”.
El decreto elimina el organismo responsable de la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según Aleñá, esto agravará la peligrosidad vial.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y desvían el Impuesto a los Combustibles”, denunció Aleñá, quien calificó la medida como “ideológica” para achicar el Estado y advirtió que destruirá áreas de transporte y habilitará negocios con las fuerzas de seguridad.
Además, alertó que 5500 trabajadores quedarían sin empleo, 118 rutas nacionales quedarían desprotegidas y 40 mil kilómetros sin mantenimiento. Cuestionó que los bienes de infraestructura pasarán a la AABE para ser liquidados, lo que calificó como “negociados”.
Aleñá rechazó que se trate de una “reorganización administrativa” y afirmó que es un “desmantelamiento” para favorecer la tercerización. Negó que Vialidad sea ineficiente y detalló que realizan tareas clave como bacheo, señalización y control de peso.
También criticó que el Gobierno promueva la privatización como solución y sostuvo que Vialidad cumple una función estratégica. Cuestionó el traspaso al Ministerio de Economía por alejar las decisiones del territorio y debilitar el control técnico.
Finalmente, advirtió que esto implica una “pérdida de soberanía vial”, ya que las decisiones pasarán a manos privadas o funcionarios sin arraigo territorial, aumentando el riesgo en rutas y afectando la conectividad, la economía local y el empleo público.
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